EN SEPTIEMBRE próximo el Simci de Naciones Unidas entregará un nuevo informe sobre cultivos ilícitos en Colombia, en donde se cree que la cifra superará de lejos las 230.000 hectáreas de su reporte con corte al año 2022. Llama la atención el posible crecimiento de zonas sembradas con coca porque este negocio ilícito parece atravesar por una crisis, pues en Estados Unidos el fentanilo le ha quitado mercado a la cocaína, y esto se ha sentido en nuestro país en donde el precio de la hoja de este vegetal está por el suelo. EL NUEVO SIGLO preguntó a expertos acerca de la situación que se presenta.

El incremento de los cultivos ilícitos podría explicarse en parte porque la política antidrogas del gobierno Petro redujo drásticamente la erradicación forzada, pues le apuesta a la sustitución voluntaria y a la interdicción de los grandes cargamentos.

Mientras que en el gobierno de Iván Duque en 2021 entre enero y mayo se erradicaron 35.490 hectáreas de coca, en el mismo lapso este año la Administración Petro apenas ha logrado 1.587 hectáreas (ver gráfico).

Incluso, el Gobierno redujo este año la meta de erradicación forzosa, pues la fijó en 10.000 hectáreas, con una reducción del 50%, frente a la meta del 2023, cuando era de 20.000 hectáreas.

Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, indicó al respecto que “a nivel internacional el fentanilo ha venido ganando espacio, pero creo que el crecimiento (de los cultivos) se da también porque hay mayor descentralización de grupos armados, y finalmente casi todos se financian de lo mismo. Creería que es por esa descentralización del conflicto, cada grupo va colonizando más territorio para sembrar”.

Agregó que “lo que visto y lo que he hablado con gente en los territorios es porque cada grupo tiene sus áreas de control de sus cultivos”.

Señaló también que los grupos armados nuevos siguieron el modelo de la entonces guerrilla de las Farc de ejercer control y seguridad sobre los cultivos ilícitos, en función de cobrar una especie de impuesto de gramaje, pero los dueños de los sembradíos en su mayoría son los narcotraficantes.

Los grupos armados “permiten es que haya dueños de cultivos y los dueños de laboratorio que trabajen, y ellos cobran porque es más eficaz y les genera más ganancias solo cobrar el gramaje”.

Rosanía dijo que no es cierta la versión de que los carteles mexicanos son dueños de cultivos en Colombia. “Nosotros lo investigamos hace como dos años y hemos venido constantemente preguntando, y lo que nos ha dicho la gente es que es como un boom en un momento que se decía que estaban los mexicanos acá, y en la investigación fue que era gente que trabajaba para los mexicanos porque, finalmente, el mexicano es el dueño del tráfico de narcóticos”.

Añadió que es muy difícil que los mexicanos se metan en Colombia porque los grupos armados y bandas del narcotráfico no se van a dejar quitar el eslabón del cultivo y el procesamiento.

Incautaciones

La interdicción es hasta el momento la cara que tiene para mostrar en cuanto a resultados la política antidrogas del actual Gobierno. Entre enero y mayo de este año, han sido incautadas por la Fuerza Pública 366.9 toneladas, mientras que en el mismo lapso en 2023 fueron 269.3 toneladas, según el Ministerio de Defensa.

Néstor Rosanía estimó que el incremento de las incautaciones en este Gobierno “creo que responde al cambio en la estrategia porque la anterior era tener embarcaciones de la Armada intentando hacer interdicción en alta mar, pero eso no daba resultados. Entonces, hubo un cambio en la estrategia con la Armada mexicana, y eso fue lo que golpeó al Ecuador. Fue que como abrieron la ruta pasaban por detrás de Galápagos y se abría por todo el Pacífico. Entonces era imposible capturarlos”.

El analista explicó que “el cambio de estrategia fue no medir a las armadas colombiana y mexicana por interdicción en alta mar, sino a partir de inteligencia. Y creo que les está funcionando la estrategia porque todos esos cargamentos que se caen es a partir de inteligencia”.

A su turno, Óscar Palma, académico y exdirector del Observatorio de Armas y Drogas Ilícitas de la Universidad del Rosario, dijo que “se ve con buenos ojos la idea de preocuparse por incautaciones, es decir, por tratar de golpear a los eslabones más altos de la cadena en lugar de solo estar pensando en la reducción de las hectáreas cultivadas, básicamente porque son golpes más elevados a lo largo de la cadena. Es decir, sistémicamente deberían ofrecer un golpe a los bolsillos de los más duros del sistema, no tanto el campesino”.

Concluyó Palma que “la idea de interdicción, la idea de incautación no es mala, puede generar más impactos que la erradicación misma”.

Mientras que Jorge Restrepo, director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto), dijo que “la verdad no sabemos si van a crecer los cultivos”. No obstante, mirando a las cifras que se conocen de los años anteriores, se preguntó “por qué si hay un crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos y ha caído el precio de la base de coca, por qué ha seguido creciendo en el pasado”.

El académico mencionó que en esto hay varias razones, “la primera es porque la demanda de cocaína puede haber crecido incluso más que la oferta. En ese sentido recuerden que el fentanilo no es un sustituto de la cocaína, de hecho, se consume con la cocaína”.

En segundo lugar, dijo que puede estarse expandiendo el consumo de cocaína; en tercer lugar, “no hay una relación entre el precio de la cocaína en los principales lugares de consumo en Europa, Estados Unidos, Asia, Australia, África, América del Sur, Brasil, y el precio de la base de coca. Esa relación es muy compleja derivada por el tráfico”.

Restrepo dijo sobre por qué los cultivadores han incrementado la siembra de coca, a pesar de que ha bajado el precio de compra de la hoja, que “eso puede ser por dos razones: en primer lugar, porque la primera reacción que tiene el cultivador es sembrar un poco más, pues si cae el precio siembra media hectárea más, y eso puede estar explicando parte del aumento que se presentó en los años anteriores”.

Señaló que “la segunda razón es que puede haber una presión de los grupos armados que buscan controlar esas hectáreas de coca”.

Incipiente sustitución

El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) apenas está despegando cuando el Gobierno se acerca a la mitad del mandato.

El programa arrancó a finales del año pasado con los pagos a 5.830 beneficiarios del PNIS para proyectos de inversión en Tumaco, Nariño. Ello explica por qué en 2023 se ejecutó solo el 5% del presupuesto asignado para esos efectos.

En lo que va de este año la Dirección Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito avanza en la concreción de acuerdos con campesinos en distintas regiones, con la firma de planes de inversión en departamentos como Bolívar y Valle del Cauca.

Sin embargo, hasta el momento es incierto si el programa de sustitución reducirá de manera significativa los cultivos ilícitos en el país.

Incluso hay denuncias sobre que algunas personas intentan aprovecharse del programa, pero siguen sembrando coca.

Rosanía dijo que “me contaba una fuente que gente que estaba metida en el programa de sustitución, lo que hacían era que para ganarse los beneficios mostraban el lote donde ya no están cultivando y van y cultivan en otro lado”.