LA CRISIS de seguridad en el Catatumbo ya deja más de 8.300 personas desplazadas y cerca de 100 víctimas mortales, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo. La guerra entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc dejó en medio a la población civil, hechos que habían sido advertidos al Gobierno nacional tanto en 2021 como en el pasado mes de noviembre, y que no tuvieron respuesta ni accionar de las autoridades.

Sin embargo, la crisis del Catatumbo no es la única vigente en el país. En cumplimiento de sus funciones, desde 2024 la Defensoría ha emitido al menos 27 diferentes alertas, de carácter estructural o de inminencia, avisando sobre la presencia y el fortalecimiento de grupos armados en las regiones y combates entre diferentes estructuras ilegales en las que la población civil corre peligro.

El caso Catatumbo fue avisado sobre mediados de noviembre de 2024, siendo una más de las confrontaciones entre estructuras ilegales. De hecho, con alerta de inminencia por hechos similares también se encuentran otras ocho confrontaciones a lo largo del territorio nacional, mismas que, de momento, no han tenido la atención suficiente por parte del Gobierno.

El municipio Olaya Herrera de Nariño fue sido epicentro de los enfrentamientos entre grupos disidentes de las Farc, el Estado Mayor Central que lidera alías ‘Mordisco’ desde el departamento del Cauca y frentes de la Segunda Marquetalia. Allí, la violencia también se vio recrudecida luego de que el Frente Comuneros Sur optara por iniciar negociaciones de paz con el Gobierno de manera independiente al Eln, facción de la que se separaron.

En el mismo departamento, el ente denunció que las comunidades de Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, Taminango estaban en medio de las confrontaciones del EMC y una alianza conformada por los Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de Nariño.

En Jamundí, Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo denunció un fortalecimiento del Estado Mayor Central, situación que se vio posteriormente reflejada en diversos ataques a la población civil y autoridades en este municipio. Asimismo, para abril del año pasado otros cuatro municipios quedaron en medio de luchas de grupos armados, esta vez del EMC y una disidencia interna.

En el mes de julio la alerta se presentó en Cauca. Allí, el frente Dagoberto Ramos sostuvo enfrentamientos con un bloque de las disidencias de la Farc, hechos que no se atendieron de manera oportuna por parte de las autoridades nacionales. La Defensoría destacó en esta alerta que ya se habían emitido al menos 13 llamados previos antes de elevar la alerta de inminencia.

En cambio, en el departamento de Caquetá se centraron los enfrentamientos entre los grupos de Alías ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, buscando el control territorial y de las zonas de producción. Finalmente, el llamado al Gobierno para intervenir en el Catatumbo se elevó el 15 de noviembre, un día después del llamado a la atención en el Valle del Cauca, donde la violencia de parte de estos actores armados también se ha recrudecido.

Otras alertas

A pesar de estos hechos, la Defensoría ha también elevado alertas por el fortalecimiento que han tenido estos grupos armados en zonas como el Huila, donde el Estado Mayor Central y el Eln han liderado las acciones delictivas, además de incrementar el reclutamiento a menores.

Asimismo, en el departamento de Bolívar se ha advertido sobre la expansión de las Autodefensas Gaitanistas, o Ejército Gaitanista, grupo al que además se le ha señalado por recientes masacres en la región Caribe colombiana. El ente también ha señalado las posibles violaciones de derechos humanos en el Chocó de parte de estos grupos armados junto con bandas criminales de este departamento.

A la fecha, de las 27 alertas emitidas durante el año anterior, menos de una decena han sido atendidas de manera efectiva, siendo además los casos de Jamundí y la crisis de seguridad para funcionarios del Inpec, que cuentan con múltiples llamados desde la entidad y que no fueron atendidos ni por el Gobierno Duque ni por la Administración Petro.