FRENTE AL recurrente problema que se presenta desde las cárceles del país donde peligrosos delincuentes reinciden, el presidente Petro dijo esta semana que estas personas deben ubicarlas de inmediato en sitios sin comunicación. Algunos comparten esto, en cambio otros dicen que implicaría construir cárceles en sitios aislados, lo que haría la medida poco práctica, según opiniones que recogió este Diario.

El jefe de Estado enfatizó que “todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía, debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata. Esperamos información de la ciudadanía sobre estas prácticas que inauguró en algún momento el delincuente Pablo Escobar”.

La extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en el país en los últimos años, en donde las autoridades han identificado que en al menos el 40 % de los casos son cometidos desde las cárceles utilizando celulares que ingresan de forma encubierta.

Sobre el particular, en marzo pasado la Defensoría del Pueblo explicó, recogiendo cifras del portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, que en 2020 los ciudadanos reportaron 8.188 casos de extorsión; durante 2021, 8.342; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871. Es decir, el delito en los últimos cuatro años tuvo un incremento del 20,5 %.

Añadió la Defensoría que “si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”.

En enero pasado, ante el aumento indiscriminado de las extorsiones desde las cárceles del país, la Procuraduría General hizo un llamado al Gobierno para que ponga freno a esta situación. “Resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41 % del delito desde las cárceles”.

Para la Procuraduría la falta de operatividad del Gobierno y del Inpec se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues dijo el Ministerio Público que de 22 instalados de los 125 centros carcelarios que hay en Colombia solo funcionan 2.

En igual sentido, cuestiona el ente de control que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones “bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad”.

Inhibidores de señal

Una de las principales estrategias adoptadas por las autoridades para frenar la extorsión y otros delitos, como atracos y fleteos, es instalar en las cárceles inhibidores de señal para bloquear los celulares que los internos tienen de manera fraudulenta. También se realizan controles permanentes por la guardia.

Sin embargo, lo primero presenta un inconveniente porque resulta afectando las comunicaciones de los ciudadanos que viven y trabajan en los alrededores de las cárceles, todas ubicadas en centros urbanos, con la excepción de la Colonia Agrícola de Acacías, Meta.

Entonces los inhibidores de señal son un problema para los ciudadanos que acuden a la tutela para que los desinstalen.

A principios de este año, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “han sido recurrentes las tutelas que se han interpuesto frente a este tema (inhibidores) contra el Inpec”, por lo que anotó que ello “exige buscar nuevas tecnologías que puedan impedir las comunicaciones internas desde las cárceles, pero que no afecten a la comunidad circundante”.

Así las cosas, la orden presidencial de ubicar en “sitios sin comunicación” a todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel, sería efectiva haciendo tres o cuatro cárceles fuera de los centros urbanos, lo que es costoso y tomaría tiempo.

Las propuestas

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dijo a este Medio que se puede pensar también frente al fenómeno de internos que siguen delinquiendo desde las cárceles, en “una especie de barco cárcel, un barco en alta mar que pertenezca a Colombia para que esos delincuentes se sientan un poco aislados”. Agregó Ruiz que también en cárceles especiales, “si toca colocarlas en medio de la selva, también se pueden hacer. Cómo lo haríamos, con terrenos baldíos que pertenezcan a la nación o a un ente territorial”.

El exministro calculó que hay entre 50 y 100 delincuentes, “que son los jefes de las cárceles, que son los que hacen y deshacen. Entonces ordenan secuestros, extorsiones, asesinatos”. Añadió que “en esa parte le doy la razón al presidente, es decir, a esos delincuentes más peligrosos hay que aislarlos”.

En tanto que Jaime Camacho, exdirector del Inpec, dijo que “el problema además de tecnológico es de derechos. Inhibir esa señal entiendo que tecnológicamente no se puede porque también dejan incomunicada a la cárcel, aún si es fuera del perímetro urbano. Lo que hay que lograr es inhibir señales específicas de celulares”. También mencionó que “hay tecnologías disponibles, como, por ejemplo, poder grabar las conversaciones. Si los presos quieren comunicación, que la tengan libre, pero autorizando que sean grabadas”.

Adicional a eso, Camacho dijo que es necesario fortalecer en las cárceles los “controles para que no ingresen elementos de comunicación prohibidos”.

Construir cárceles fuera de los centros urbanos “es disfuncional para presos que tengan procesos y tengan que asistir a audiencias, que todavía no todas son virtuales. Está también el tema de la integración familiar, y entonces por mandar un poco de presos afuera, se está castigando a los que nunca han infringido normas. Pero, además de eso, no creo que sea factible inhibir las comunicaciones de una cárcel rural, sin dejar incomunicada a la propia cárcel”, explicó.

Mientras que el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, opinó que “siempre es posible hacer establecimientos penitenciarios en zonas aisladas, eso tiene unos sobrecostos y unas dificultades logísticas que hay que considerar”.

Dijo que “en relación con los inhibidores, creo que el ejercicio es al revés. La pregunta es por qué se requieren inhibidores. Es que los presos no deberían tener acceso a los celulares y los inhibidores se usan como un mecanismo subsidiario que parte de un hecho que es cierto, y es que el Estado parece no ser capaz, y en eso hay una responsabilidad enorme del Inpec, de conseguir que los presos no tengan celulares”.

Indicó que, en cualquier establecimiento penitenciario y carcelario en el mundo, lo que corresponde es que haya teléfonos de línea fija para que los internos se comuniquen con el exterior.

“El reclamo es para que el Inpec haga efectivamente cumplir la obligación de que no haya celulares en manos de las personas que están detenidas. Lo que creo es que no podemos partir de la base de que es un hecho irresoluble el que los presos en Colombia tengan acceso a teléfonos móviles. Y eso nos lleva a un tercer elemento, que es el problema tradicional de la corrupción de muchos miembros de la guardia penitenciaria y carcelaria, que tienen un negocio montado con permitir que algunas de las personas detenidas tengan celulares y los puedan usar”.

Finalmente, enfatizó que es posible con la tecnología actual, “tener sistemas de inhibición que no afectan más allá del rango de cobertura de la cárcel, y por tanto lo que debería pensarse es en esa tecnología subsidiaria, y no en el sobrecosto enorme de poner establecimientos penitenciarios y carcelarios en la mitad de la nada”.

Guardianes amenazados

Otro de los flagelos en crecimiento en las cárceles son las amenazas de los delincuentes a directores y la guardia. Cabe recordar que la semana pasada fue asesinado el director de la cárcel Modelo en Bogotá, el coronel (r) Elmer Fernández.

Ayer, la Procuraduría requirió a la Unidad Nacional de Protección, UNP, el listado actualizado de los funcionarios del Inpec amenazados por grupos criminales, que se encuentran en proceso para recibir medidas de protección.

De acuerdo con cifras reveladas por el mismo Inpec, existen más de 1.000 registros de funcionarios del Inpec amenazados entre 2019 y 2024.

Por otra parte, por posibles amenazas se conoció ayer que tuvieron que trasladar a 12 dragoneantes y auxiliares del Inpec de la cárcel del municipio de Rivera, Huila.