El Gobierno nacional les pidió a los gobernadores, así como a los alcaldes distritales y municipales, reactivar las comisiones para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales de cara a las elecciones territoriales de este año, con el propósito de garantizar el normal desarrollo de toda la etapa previa a la jornada en las urnas el próximo 29 de octubre. Estos espacios previstos en la ley funcionaron durante varios meses en 2022 por los comicios legislativos y presidenciales.
Asimismo, destaca el Ministerio del Interior, en la circular que sobre el particular envió a los gobernadores y alcaldes, la necesidad de invitar a participar en dichas comisiones a los miembros de los Tribunales Seccionales de Garantía y Vigilancia Electoral constituidos por el Consejo Nacional Electoral, con el fin de garantizar la transparencia de las elecciones.
También invitar, a las sesiones de las comisiones, a las veedurías ciudadanas que realicen observación electoral y que estén debidamente acreditadas por el Consejo Nacional Electoral.
De igual forma, la circular del Ministerio del Interior señala que "las comisiones invitarán a los voceros de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos, a quienes promuevan algún mecanismo de participación ciudadana según sea el caso, para que intervengan con voz en la comisión y formulen sus inquietudes en relación con el proceso electoral para garantizar el normal desarrollo de los comicios”.
Así mismo, se invitará a los directores ejecutivos de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Está contemplado que las comisiones de seguimiento electoral departamentales, distritales y municipales, mantendrán informada periódicamente a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales sobre el desarrollo del certamen electoral, con el fin de que las autoridades competentes puedan tomar acciones que aseguren los comicios y brinden las garantías para la transparencia del proceso.
De igual forma, para garantizar la transparencia de la labor que cumplirán las comisiones para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, la Comisión Nacional entregará un informe sobre su gestión al Gobierno nacional, a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y a la opinión pública, dentro de los 60 días siguientes a cada elección.
Además, se activará desde ahora para las elecciones territoriales de octubre próximo la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel); y también se activará la Ventanilla Única Electoral Permanente, para recibir, tramitar y suministrar información frente a las solicitudes de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos presenten sobre sus posibles candidatos para que puedan avalarlos e inscribirlos.
En las elecciones de octubre próximo, los colombianos escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
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Procuraduría despliega controles
La Procuraduría General de la Nación ha previsto, para las elecciones del 2023, el desarrollo de un plan de vigilancia e intervención en todo el territorio, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, el cual estará coordinado directamente por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, y articulado con las diferentes entidades encargadas de ejercer el Ministerio Público, que son las personerías municipales y distritales, y la Defensoría del Pueblo.
El ente de control instruyó para que se activen los Comités Regionales, Distrital y Provinciales de Control Electoral, que serán integrados por las procuradurías territoriales y personerías, encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios del país, y a las cuales la ciudadanía y actores del proceso electoral pueden acudir para informar sobre hechos relacionados con la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación.
La Procuraduría les recordó a las diferentes autoridades que tienen como función la organización, el mantenimiento de la convivencia ciudadana o el control sobre el proceso electoral, la necesidad de expedir los respectivos actos administrativos para regular las actividades propias de sus funciones en las distintas etapas propias del proceso, y las gestiones presupuestales y de planeación que les permitan disponer de los bienes, servicios y de la logística necesaria, teniendo en cuenta que el calendario electoral inicia un año antes de las votaciones, con la actualización de la residencia electoral, esto fue el 29 de octubre de 2022.