La senadora Paloma Valencia del partido Centro Democrático presentó un documento en el que solicita que el magistrado Vladimir Fernández se aparte de la discusión sobre la demanda contra la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
La congresista argumenta que el togado, en su rol de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, participó en la elaboración del proyecto de ley antes de su radicación en el Congreso, lo que, según la funcionaria, lo inhabilita para fallar imparcialmente sobre las demandas de inconstitucionalidad que cursan ante la Corte Constitucional.
El proyecto de la reforma pensional fue radicado el 22 de marzo de 2023, fecha en la que el magistrado ocupaba su cargo en la Presidencia. Según el documento presentado por la senadora, como Secretario Jurídico, Fernández debió dar un concepto positivo sobre el proyecto de ley, lo que lo coloca en una situación de conflicto de intereses. “Se encuentra impedido para fallar de manera imparcial frente a las distintas demandas de inconstitucionalidad que cursan ante la Corte Constitucional”, afirma la solicitud.
Valencia también recordó que Fernández ya se ha apartado de discusiones relacionadas con iniciativas del Gobierno Nacional, como fue el caso del proceso contra la creación del Ministerio de la Igualdad y las demandas contra el Plan Nacional de Desarrollo. En el pasado, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del togado en el proceso D-15146, relacionado con la Ley 2281 de 2023, por haber ejercido funciones como Secretario Jurídico en la radicación de la iniciativa.
Además, la senadora apuntó que el concepto de la Procuraduría General de la Nación también solicita la inexequibilidad de la ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, debido a posibles vicios de forma en su aprobación.
En cuanto al proceso, el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, deberá resolver la recusación contra Fernández y determinar si se llevará a cabo una audiencia pública, solicitada por profesoras de la Universidad de Antioquia. Esta decisión es clave, ya que la reforma pensional, que entrará en vigor el primero de julio, afecta a miles de colombianos. Los ciudadanos tienen hasta el 16 de enero para elegir la Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la reforma pensional y las demandas que cuestionan su validez, lo que deja el futuro de esta normativa en manos del alto tribunal.