EL NUEVO SIGLO: Se ha dicho que hay en Colombia una tendencia a la reformitis de la Constitución, ¿cómo ha visto esto en los dos últimos congresos?

JUAN MANUEL CHARRY: Vamos como en 54 o 55 reformas, que para 32 años es casi un promedio de 1,6 reformas al año. Es el doble de lo que se reformó la Constitución del 86.

ENS: En el anterior Congreso se aprobó la reforma para la segunda vuelta en Bogotá, ¿considera que era necesaria?

JMCH: Estoy de acuerdo con la segunda vuelta en Bogotá, la segunda vuelta es un procedimiento que garantiza que los partidos pequeños tengan participación en la elección y posibilidades de participar en el gobierno. Para fortalecer la legitimidad de los elegidos y que haya juego de terceros partidos, me parece que es un buen diseño.

ENS: Ahora en las regiones algunos reclaman que en las ciudades capitales y en las gobernaciones también haya segunda vuelta, ¿qué opina?

JMCH: Habría que mirar cómo han sido las elecciones anteriores, en el caso de Bogotá era razonable y explicable porque los últimos alcaldes fueron elegidos con el 35% de la votación, y eran elecciones relativamente reñidas. Entonces con el ánimo de que hubiera más contundencia y más claridad la segunda vuelta se justifica.

Pero habría que mirar cómo han sido las elecciones a nivel de gobernaciones o de otras alcaldías para ver si se dan las mismas circunstancias o no.

ENS: En los últimos congresos se han presentado varios proyectos de reforma constitucional para elevar a ese nivel el derecho al agua o el derecho a la alimentación. ¿Considera que esto es necesario o que de alguna manera ya está previsto de manera general en la Constitución?

JMCH: No debemos olvidar que el artículo 94 de la Constitución le da la posibilidad al juez constitucional de proteger derechos que no estén expresamente establecidos en la Constitución y en los tratados. Dicho en otras palabras, el juez constitucional puede reconocer otros derechos, como sería el derecho al agua, el derecho a la alimentación o cualquier otro de los tantos que se pueden discutir.

Entonces, me parece que modificar la Constitución por esa vía para el reconocimiento de derechos, cuando existe la posibilidad de que se haga sobre la realidad, sobre las reclamaciones que le están llegando a los jueces, que no es indispensable.

ENS: Hablemos de la cadena perpetua para abusadores y homicidas de niños, que muchos ciudadanos la reclaman, pero la Corte Constitucional tumbó una iniciativa que aprobó el Congreso. ¿Cree que ello tiene posibilidad de hacerse realidad o el Legislativo no debería pensar en insistir?

JMCH: Me parece que eso obedece a una concepción de penalizar y subir las penas sin considerar el grado de impunidad que hay en Colombia. O sea, subimos las penas, pero no tenemos el aparato judicial para aplicarlas ni siquiera para identificar a los infractores.

Sería mucho más eficiente tener penas bajas, pero que realmente se identificara a las personas y se sancionarán. Tengo entendido que en el caso de los menores la impunidad puede estar del orden del 90%, 95%.

Entonces es un saludo a la bandera subir penas tan drásticamente que atentan contra los derechos de las personas, que pueden resultar desproporcionadas cuando se tiene en cuenta de que el derecho penal es la última posibilidad del Estado, la más drástica, para sancionar cuando se debe tomar algún tipo de medidas, y que no se hace solamente subiendo las penas, que terminan limitando las posibilidades de vida de una persona.

ENS: Si usted fuera congresista, ¿qué proyecto de acto legislativo presentaría porque el asunto no está contemplado o suficientemente claro en la Constitución?

JMCH: Soy partidario de que las constituciones se vayan asentando, o sea no hay que corregirlas en momentos de coyuntura. Si bien la Constitución del 91 uno puede tener críticas a ciertas instituciones, la idea era dejar que se aplicara, que se apropiara por las personas, no que en cada dificultad se salga a reformarla.

Pero si uno tuviera que revisar un tema, en mi opinión es el de los partidos políticos, digamos lo que se llama reforma política. Hemos transitado por todos los modelos desde más de 70 partidos recién expedida la Constitución, después se establecieron umbrales y requisitos, se limitaron.

Ahora hay reconocimientos de nuevos partidos políticos como consecuencia de los acuerdos con las Farc. Lo cierto es que tenemos una treintena de partidos y el ciudadano no tiene claridad del aspecto ideológico y del espectro político que representa cada uno de ellos, y es más una organización de burocracia para el quehacer político.