Recientemente, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, reveló cifras alarmantes respecto a la reincidencia de delincuentes que no se tardan ni un mes en volver a cometer delitos en la capital.
Según la información, de los 26.865 reincidentes capturados entre 2013 y mayo de 2017, se puede establecer que 4 de ellos volvieron a reincidir en delitos de alto impacto, como el hurto, en 19 días. Otras 7 personas, que fueron capturadas de 30 a 34 veces por la comisión de delitos, nuevamente cometieron delitos a los 37 días. Así mismo 7 personas delinquieron a los 43 días de haber quedado en libertad.
La información demuestra lo que la administración de Enrique Peñalosa ha insistido, sobre la reincidencia de personas que cometen delitos, son capturados y a las pocas horas quedan en libertad.
Mejía se refirió al hombre de 42 años que fue capturado 52 veces y que ha sido dejado en libertad. Para Mejía este tipo de acciones de los jueces permite que se incrementen las cifras de delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad.
El Secretario dijo que la mayoría de personas a quienes no les imponen una medida efectiva, fácilmente vuelven a delinquir.
El debate
Al respecto, EL NUEVO SIGLO consultó con concejales de diversas bancadas de la capital, si debido a estas alarmantes cifras, el Distrito debería poner una reforma penal:
El concejal del partido Liberal Armando Gutiérrez, afirmó que “el tema no es sancionatorio, yo creo que el tema más que eso es preventivo y en lo que debe esmerarse el distrito es en darles oportunidades a la gente de más esparcimiento, más recreación, mejores oportunidades laborales que estar buscando represión porque organizar un proyecto de Ley con firmas para llevar a buscar más dientes o más herramientas coercitivas creo que no es el camino porque casi todos están reincidiendo y hay que buscar la génesis del por qué reinciden, entonces no son las cárceles las que resocializan al individuo, de hecho yo creo más en las penas a puertas abiertas con resocialización, con actividades sociales naturalmente para algunos delitos, delitos pequeños contra el patrimonio económico”.
A su vez, el concejal de Cambio Radical Roberto Hinestrosa, dijo que “nosotros estamos trabajando en el Código de Policía y el Código de Policía dentro de lo que es la competencia Distrital es residual, ahora el Distrito como tal no tiene la capacidad de proponer una reforma penal, pero sí tiene la capacidad de llevar estas discusiones en el Congreso a nivel nacional. Es la ciudad con una población muy grande donde está presentando los índices de delincuencia más altos en el país, entonces es un tema que debería ser un debate nacional. Nosotros podemos adoptar políticas de seguridad a nivel Distrital tanto Concejo como Administración, entonces ya reformas al Código Penal para poder dar penas mayores a la reincidencia es una competencia nacional y no distrital”.
Por su parte, el concejal del Polo Democrático Álvaro Argote, indicó que “ese es el tema más grande, el tema más pequeño es la casuística, que haya casos que tienen 52 entradas a la cárcel y no ha permanecido allá, sino que sale, pero como lo ha mostrado el señor Secretario de Seguridad y el propio Alcalde Mayor de la ciudad, ese no es para nosotros el tema central, esa es una lista de 15 o 20 personas que lamentablemente coinciden en que son reincidentes, pero el tema fundamental es cuál es la situación de inseguridad, cómo se han multiplicado los atracos en esta ciudad y en otros centros urbanos que ocurre lo mismo”.
Argote adicionó que “nosotros no queremos estigmatizar tampoco al alcalde Peñalosa como el único responsable de eso en el caso particular de Bogotá, pero sí lo que hay que revisar es que hay una situación nacional y social muy complicada, que los indicadores de pobreza en el país en vez de bajar han subido, que los indicadores reales de empleo formal en vez de subir han bajado y en ocasiones las cifras que nos da el DANE sobre el desempleo a veces son distorsionadas porque el DANE coge el empleo informal como si fuera una condición de empleo, pero la realidad es que todas estas formas precarias de empleo y de rebusque de la gente son las que han subido y lamentablemente el indicador de pobreza en los últimos 2 años subió el 2%, lo que coincide con el gobierno de Peñalosa. Eso hay que leerlo en clave de seguridad. Hay que examinar las causas fundamentales que están generando toda esa inseguridad en la ciudad”.
Entre tanto, la concejala del partido Conservador, Gloria Elsy Díaz, aseveró que “por supuesto, consideramos pertinente que la administración haga una tarea activa con los representantes a la Cámara por Bogotá y los senadores que tienen una deuda histórica con la ciudad. Lamentablemente cuando están allí elegidos simplemente se hacen valer los intereses de las regiones, así que esa inquietud también tiene que llegar al Ministerio de Justicia para que se den garantías por supuesto desde el punto de vista procesal a todos estos individuos, pero también que dé garantías de una correcta gobernanza en la ciudad, de una sana convivencia, pero también de hacer que quienes delincan efectivamente paguen por los delitos que están acabando con la sana convivencia en nuestra ciudad”.
La concejala del partido Alianza Verde, Dora Lucía Bastidas, por su parte se pronunció y dijo que “urge una política criminal que castigue a los delincuentes. Son delincuentes que entran y salen de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que nunca van a la cárcel y menos reciben condena por considerarlos delitos menores y excarcelables. Estas evidencias muestran que urge una política criminal en la que los derechos de los ciudadanos sean respetados, en especial sus vidas”.