A TRES semanas de que termine la segunda legislatura el panorama para las principales reformas del Gobierno en el Congreso continúa en medio de altibajos y un escenario complicado.

Si bien es cierto que el Ejecutivo logró en apenas tres días hacer aprobar la reforma pensional en la Comisión Séptima de Cámara, contando para ello con el apoyo de su coalición de centro izquierda, así como de los parlamentarios liberales, conservadores y de la U, el panorama para esta iniciativa que entra a último debate, tras casi año y medio de trámite, no está despejado. Es evidente que la clave para salir rápidamente de esta célula congresional fue que la ponencia oficialista, liderada por Martha Alfonso, del Pacto Histórico, no modificó en forma sustancial el texto que venía de la plenaria del Senado.

En ese sentido, fue evidente que se desconoció la recomendación presidencial de volver a elevar el umbral de cotización exclusiva de Colpensiones a cuatro salarios mínimos mensuales y que de ahí en adelante los aportes para la jubilación se pudieran ir a los fondos privados de pensiones. Desde la ponencia quedó claro que se mantendría lo aprobado por el Senado en cuanto a que el umbral era de 2,3 salarios mínimos mensuales para Colpensiones, lo que finalmente tuvo el apoyo de todas las bancadas, a excepción del Centro Democrático y Cambio Radical que se opusieron férreamente a todo el articulado.

Finalmente, terminaron aprobando la estructura básica de los pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual sin mayores cambios. Al tiempo que se ajustó por lo relacionado a la creación y el manejo del fondo autónomo que administrará los recursos de cotizaciones por los colombianos y que estará a cargo del Banco de la República.

Sin embargo, por más que el Gobierno y su coalición celebrara esta aprobación e en tiempo récord del proyecto, hay sombras alrededor del trámite en el alcance de la iniciativa que podrían complicar su paso en la plenaria de la Cámara, así como la instancia de conciliación con lo aprobado en el Senado.

Por un lado, el concepto de impacto fiscal continúa siendo el principal cuello de botella en el ajuste del sistema pensional, al punto que generó contradicciones entre la propia bancada petrista y los ministros de Trabajo, Gloria Ramírez; Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco.

Los partidos de oposición insisten en que no se ha presentado un concepto de aval fiscal real y ajustado y que, así la iniciativa sea aprobada, será inmediatamente demandada ante la Corte Constitucional, teniendo como antecedente el reciente fallo de ese Alto Tribunal que dejó sin piso la ley que creó el Ministerio de Igualdad a comienzos de 2023, precisamente porque el Gobierno no presentó el respectivo estudio de impacto fiscal.

Aunque en este tercer debate se ajustó lo relativo al fondo del Banco de la República que manejará los recursos de las pensiones e incluso acogiendo las recomendaciones que hiciera el propio Emisor al respecto, persisten las dudas sobre la legalidad y constitucionalidad de esta labor, así como sobre el nivel de independencia del mismo toda vez que el comité directivo tendría una alta injerencia del gobierno de turno.

Por ahora está pendiente cuál va a ser la postura definitiva de los partidos independientes y de oposición de cara al último debate en la plenaria, que debe ser fijada en los próximos días y que no necesariamente reflejaría lo que pasó en la Comisión Séptima, en donde algunos parlamentarios se apartaron de las reservas que sobre el articulado habían hecho sus respectivas colectividades respecto al texto que fue aprobado en Senado.

Reforma a la salud

Tras la aprobación esta semana de la pensional todo hace indicar que el Gobierno se decidirá a presentar al Congreso un nuevo proyecto de ajuste al sistema de salud, incluso con mensaje de urgencia a bordo, con miras a que su trámite sea prioritario tanto en el Senado como en la Cámara.

Por el contrario, este nuevo proyecto de reforma a la salud llega con dos grandes problemas a bordo: uno, que la iniciativa solo ha sido concertada con el gremio que reúne a la mayoría de las EPS, pero no así con los demás actores del sistema como clínicas y hospitales, sindicatos, proveedores de insumos y medicamentos, las asociaciones de pacientes y demás instancias que han advertido, desde ya, que el borrador del nuevo articulado incurre en las mismas falencias del que fue hundido en la Comisión Séptima del Senado semanas atrás. En segundo lugar, es evidente que el caos que se generó con la activación del nuevo sistema de salud a los profesores públicos ha enturbiado el ya de por sí tenso ambiente para esta nueva reforma.

No solo es evidente la insólita improvisación en el nuevo esquema de prestación de servicio médico para los profesores del magisterio, sino las graves contradicciones entre el Ministerio de Salud, la Fiduprevisora (convertida ahora en una especie de EPS en la práctica) y el propio sindicato de Fecode, que está en el ojo del huracán por el alto inconformismo de los docentes oficiales.

De hecho, las controvertidas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el escándalo que se derivó de las mismas tanto con respecto a la Fiduprevisora como al Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag), terminó por dejar al titular de la cartera en la mira de una moción de censura, en tanto que todo el nuevo modelo ya fue demandado ante los tribunales. De igual manera, la Procuraduría y la Contraloría abrieron sendas investigaciones al respecto, en tanto que la Superintendencia de Salud puso a la Fiduprevisora bajo vigilancia especial… Es más, el viernes pasado se hablaba, incluso, de una posible salida de Jaramillo del gobierno.

Así las cosas, si el Ejecutivo se decide a presentar este proyecto, no solo tiene en contra que apenas quedan tres semanas largas de esta legislatura, sino que el proyecto aterriza con el muy grave precedente del caos en el sistema atención médica a los maestros.

Educación en vilo

Paradójicamente el proyecto de reforma gubernamental que venía más adelantado, como era el de la ley estatutaria de educación, se terminó bloqueando esta semana, por cuenta la rebelión en la Comisión Primera del Senado en donde las mayorías están exigiendo que el Ministerio de Hacienda presente un estudio de impacto fiscal preciso y realista.

Para varios de los senadores elevar la educación a derecho fundamental y otros cambios que propone el proyecto en cuanto a inversión pública, talento humano, fortalecimiento de instituciones oficiales y otros ajustes, tendrá un costo billonario a corto y mediano plazos, y la Casa de Nariño no ha logrado encuadrarlo ni justificarlo dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Consejo de Política Fiscal.

De hecho, personalidades como el exministro Alejandro Gaviria le dijeron esta semana a EL NUEVO SIGLO que el costo podría estar bordeando los 40 billones de pesos. Para varios sectores de la academia, la educación privada y centros de estudios económicos especializados no hay cómo sufragar ese costo, menos aún en medio de una situación fiscal tan complicada como la actual.

Así las cosas, le quedan escasas tres semanas al Gobierno para poder salvar esta iniciativa con miras a lograr su aprobación en la Comisión Primera del Senado y que puede pasar a la plenaria para salir avante antes del 20 de junio, fecha límite porque termina la legislatura y esta clase de iniciativas estatutarias no se puede discutir en sesiones extraordinarias.

Sombra del escándalo

Como ya se sabe, el proyecto de reforma laboral se encuentra paralizado en la Comisión Séptima de Cámara en donde se le dio prioridad a la pensional. Esta iniciativa, cuya primera versión se hundió en junio del año pasado en la plenaria de esta corporación y fue presentado un segundo proyecto comenzando esta legislatura, ya prácticamente quedó para ser discutida a partir del segundo semestre de este año.

Finalmente, no puede dejarse de lado que el remate de esta segunda legislatura se encuentra impactado por el efecto del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que inicialmente abarcaba el problema de unos sobrecostos millonarios en la compra de carrotanques en La Guajira, pero que con el pasar de las semanas también se extendió a una posible estrategia de sobornos del Gobierno a los parlamentarios para aprobar las reformas e, incluso, también estaría salpicando a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, en donde se investiga al presidente Petro por la posible financiación ilegal de su campaña en 2022. En todo este entramado estarían involucrados no solo varios ministros y altos funcionarios, sino también no menos de 15 parlamentarios, empezando por los propios presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.