Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

A la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la consulta popular en 2011 en la que la mayoría de los habitantes del corregimiento de San Pablo decidió por la vía del voto que se convirtiera en municipio de Bolívar, se declaró esta comunidad.

Así lo manifestó Teresa Cardona Teherán, integrante del Comité Promotor de esa iniciativa. Explicó que en su momento dicha consulta se realizó dentro de los parámetros establecidos por la ley.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué acciones ha emprendido el Comité Promotor después de que en 2011 el Gobernador de Bolívar objetó la ordenanza que autorizaba a San Pablo como municipio?

TERESA CARDONA TEHERÁN: El Comité a través de un abogado que tenía en el momento pidió al Tribunal Administrativo (de Bolívar) claridad porque el Tribunal dio un fallo inapelable. Entonces el Tribunal le respondió que las cosas estaban claras y no tenían otra interpretación que la que estaba establecida. Que era ilegal el proceso, y la ilegalidad la fundamentaban en haber tocado el territorio del Consejo Comunitario de Palenque. Esas fueron las razones fundamentales porque ni siquiera analizó y se pronunció sobre la consulta popular que se hizo, argumentando que allá se debía hacer una consulta previa, cuando la consulta popular involucró a Sincerin, que era el corregimiento de Arjona, a la que pertenecía alguna vereda que nosotros estábamos involucrando.

Y se hizo la consulta popular en Palenque porque uno de los pedacitos de territorio que tocábamos, ahí había una población que fue desplazada totalmente, y nosotros lo tocamos porque parte de esa población se fue para San Pablo, está hoy ubicada en lo que le llamamos La Pista. 

ENS: ¿Qué hicieron ustedes después?

TCT: Jurídicamente no tomamos ninguna acción en el momento, no sé si fue porque el Comité se durmió o estaba muy aletargado con el golpe recibido, solo en el primer semestre de 2012 hicimos una reunión en la Gobernación (de Bolívar) con el Secretario de Planeación y los alcaldes de Arjona y de Mahates. En esa reunión quedaron pendientes unas acciones que debía realizar en investigación y consulta jurídica la Gobernación.

Y nosotros como Comité en vista de que no nos daban ninguna clase de respuesta, hicimos un escrito de derecho de petición convertido en consulta hoy día. Entonces ellos tampoco nos daban respuesta de la petición argumentando que no estaba bajo su potestad esa respuesta porque estaba de por medio la consulta realizada.

Entonces, ellos en octubre, más o menos, la mandan para el Ministerio del Interior, pero el Ministerio tampoco les manifiesta a ellos una respuesta definitiva porque la consulta indica que debe llevarse al Consejo de Estado por la consulta popular realizada en la comunidad de San Pablo María la Baja.

Frente a esa circunstancia que nos enteramos, fuimos hace como cuatro meses a Bogotá otra vez y nada. Entonces decidimos por nuestros propios recursos ir yo a Bogotá, y así interactuamos con el Ministerio, y el Ministerio dijo que ‘eso está allá, no nos han dado respuesta’. Fuimos al Consejo de Estado, tampoco nos dan ninguna información, solo nos dicen que hay una radicación que está allá y que no hay forma de saber si eso va a resultar o no.

ENS: ¿Han pensado en hacer otra consulta popular y ya no tener en cuenta los territorios en discusión?

TCT: Ya hicimos eso con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como comunidad actualizamos la propuesta geoespacial sacando los territorios del Consejo Comunitario de Palenque. Pero como la Gobernación está enfrascada en que se acoge al fallo del Tribunal, entonces falta que haya una decisión de una entidad superior justificando esa herramienta y se pueda avanzar.

Habitantes

La reforma al Código Municipal (Ley 1551 del 2012) elevó a 25 mil habitantes el requisito para el corregimiento que quiera ser municipio, anteriormente la normatividad solo exigía 7 mil habitantes. “Eso es absurdo, así no va a haber municipio, comunidad de Colombia que pueda llegar, ni en 10 años siquiera, a esta población”, consideró Cardona.

Añadió que “eso está obstruyendo el desarrollo de una comunidad, el desarrollo de los pueblos al cual tenemos nosotros todo el derecho a solicitar esa municipalización. Nosotros creemos que ha sido una decisión injusta tanto del Gobernador de Bolívar en ese momento como del Tribunal de Bolívar, que fue egoísta en su fallo al decir que fue un proceso ilegal, si nosotros cumplimos con todos los requisitos de la Ley 136, que era la que nos regía”.