Se ahonda controversia entre el petrismo y Procuraduría General | El Nuevo Siglo
LA PROCURADORA Margarita Cabello reiteró que el organismo que dirige está facultado para sancionar también a funcionarios de elección popular. /Procuraduría
Miércoles, 31 de Mayo de 2023
Redacción Política

LA PROCURADURÍA General cuenta con las facultades para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Así lo advirtió ayer la titular del Ministerio Público, Margarita Cabello, al replicar un comunicado de la bancada del Pacto Histórico, que la acusó de actuar con ‘sesgo político’.

De acuerdo con el Partido base de Gobierno, existe un ‘claro hostigamiento’ de parte de la Procuraduría, a la que también acusó, junto con la Fiscalía General, de politizar sus actuaciones “en contra del Pacto Histórico y en contra de la bancada”.

“El fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello vienen haciendo una serie de hostigamientos públicos en contra de esta bancada. Ya no disimulan”, aseguró a Semana David Racero, presidente de la Cámara.

En medio del pronunciamiento, los representantes del Pacto Histórico anunciaron que acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para contrarrestar las decisiones de la Procuraduría de suspender a algunos de sus parlamentarios.

Aseguraron que, por lo menos, seis de sus congresistas pudieran perder las curules por determinación de la titular del Ministerio Público. Estos son David Racero, Susana Gómez, Wilson Arias, Alexander López, María José Pizarro y Álex Flórez.

Flórez cuenta con una orden de suspensión por parte de la Procuraduría por el lapso de 8 meses, por su participación en un escándalo en la ciudad de Cartagena, en septiembre del año pasado. El Senador habría llegado ebrio a su hotel y calificó de ‘asesinos’ y ‘violadores de derechos humanos’ a un grupo de policías que le impidió subir con una mujer desconocida a su habitación.



“Esta bancada hará respetar los votos de los ciudadanos y ciudadanas que nos escogieron porque, al fin y al cabo, es contra ellos. El atacarnos a nosotros es atacar a nuestros electores y el derecho que tienen los colombianos de elegir con plenas garantías”, manifestó Racero.

Los congresistas aprovecharon la oportunidad para asegurar que Cabello no ofrece ningún tipo de garantías al derecho a la defensa de los parlamentarios del Pacto Histórico. Además, denunciaron que, en lugar de actuar como principal figura del Ministerio Público, lo hace como integrante de un partido de oposición.

Por su parte, Alexander López manifestó que existe una ‘sistemática persecución’ contra los integrantes del Pacto Histórico, pero también hacia un “proyecto político votado como alternativa para el país”.

Reacciones de Cabello

Antes de la rendición de cuentas de su gestión en el 2022, la procuradora Cabello respondió a los señalamientos de la bancada del Pacto Histórico. Además de negar que esté actuando con parcialidades políticas, aseguró que sí está facultada para investigar a servidores públicos escogidos con el voto de la población.

“Nosotros tenemos investigaciones contra muchos servidores de elección popular y servidores públicos. Esa es la misión nuestra. No solamente contra servidores del Pacto Histórico”, manifestó la titular del Ministerio Público.

También afirmó que las estadísticas presentadas durante el proceso de rendición de cuentas revelan la cantidad de casos que se han archivado.

“Nada más es ver las estadísticas para que ustedes observen que mucho es lo que se les ha archivado. Muchos son los conceptos que hemos dado frente a este partido, en donde solicitamos absolución frente a investigaciones de pérdida de investidura y contra muchos servidores”, destacó.

Entretanto, sostuvo que en la Procuraduría no actúan siguiendo patrones u orientados por colores políticos. “Están las denuncias. Cuando hay denuncias hay que abrir, y si se abre, hay que cerrar, y se cierra. Y si hay que abrir pliego de cargos o sancionarse, se sancionará”, manifestó Cabello.

Además, puntualizó que la “Procuraduría inicia, adelanta, juzga y falla las investigaciones por faltas disciplinarias, presuntamente cometidas por funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Esa función misional sacada o elaborada y trabajada en la Asamblea Nacional Constituyente, y plasmada en el artículo 267 numeral sexto de la Constitución Política ha sido ratificada por la Corte Constitucional”.