En el 2023 se espera la segunda tanda de proyectos del Gobierno dentro de su agenda de cambio; también las bancadas han anunciado iniciativas en distintos campos. Sin embargo, hay una serie de reformas de las que hoy nadie habla y que llevan haciendo fila desde hace varios años, como al Código Minero y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

Después de que el Gobierno lograra que le aprobaran en el primer período la totalidad de las iniciativas que presentó, comenzando por la tributaria, en el 2023 según lo que ha anunciado llevaría al Congreso un grueso paquete de reformas como las de salud y laboral, pensional, a la justicia, ley de sometimiento, educación y carcelaria. 

En tanto, los distintos partidos anuncian que insistirán en proyectos que no salieron adelante en el primer tramo de este Congreso o que radicarán por primera vez. Por ejemplo, el Centro Democrático presentará nuevamente la reforma constitucional para reducir el salario de los congresistas y disminuir el número de curules en Senado y Cámara; y por el lado de las fuerzas alternativas traerán de nuevo a colación la iniciativa del derecho de la población al mínimo vital de agua.

En el 2010 el Congreso, tras un intenso debate, reformó el Código Minero, que derivó en la Ley 1382 de ese año. Sin embargo, la misma se terminó cayendo en la Corte Constitucional en 2011 por determinar que se pasó por alto la consulta previa a los pueblos indígenas y minorías étnicas en los términos que establece el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Colombia es signatario, y la Constitución. 

En esa oportunidad el alto Tribunal difirió por dos años los efectos de dicho fallo, teniendo en cuenta la importancia de la norma y dando este tiempo para que se aprobara una nueva ley, lo que finalmente no ha ocurrido al día de hoy. 

Por lo tanto, esta industria sigue regulada por el Código Minero de 2001, la Ley 685.

A principios de este mes, el presidente Petro propuso reformar el Código Minero, partiendo de la mirada que tiene el Gobierno de que el país haga una transición a las energías limpias y disminuya la explotación de carbón y petróleo, por los efectos que estos tienen en el cambio climático. 

Como se recordará, Petro en la reciente 77 Asamblea de Naciones Unidas dijo que el petróleo y el carbón pueden ser más dañinos para la humanidad que la cocaína. 

Sobre el desactualizado Código Minero, el presidente dijo que “hay que reformarlo, no nos sirve (…) El Estado ya no debe priorizar la gran multinacional minera; el Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minera tradicional, y sobre eso soportar el esfuerzo minero que indudablemente se necesita, porque no es que sea una guerra contra la minería, sino contra las formas como se hace la minería en Colombia”. 

Sin embargo, el jefe del Estado no se comprometió a que el Gobierno presentará ese proyecto sino que invitó “a una gran convención nacional minera de pequeños mineros y mineras, en el lugar que ustedes digan, para ahondar en lo que debe ser el nuevo Código Minero de Colombia”.

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Reforma a las CAR 

Desde hace más de dos décadas y cinco gobiernos se viene hablando de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), pues muchas veces se ha puesto en entredicho su gestión ambiental y también se ha hablado de la necesidad de ajustar su estructura de gobernanza.  

Sin embargo, en todo este tiempo no se les ha tocado un pelo, como se dice popularmente, porque las diferentes iniciativas que se han presentado indefectiblemente se han hundido en el Congreso. 

En la presente legislatura no se han radicado hasta el momento proyectos para reformar las CAR por parte del Gobierno nacional ni de los partidos políticos. 

Las CAR fueron creadas por la Constitución del 91 como autoridades ambientales en las diferentes regiones. No obstante, en todo este tiempo esas entidades han sido puestas en tela de juicio en cuanto a la labor que deben cumplir. 

Entre los principales señalamientos a las 33 CAR que hay en el país están que son usadas como fortines políticos, la gestión en ocasiones no es la mejor en su función como autoridad ambiental,  de planeación ambiental del territorio, la administración, seguimiento, control y vigilancia del uso del ambiente, de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas estratégicos. También se han presentado irregularidades en la contratación. 

En febrero de 2020, el entonces presidente Iván Duque manifestó que las CAR "necesitan una reforma rápida, oportuna y que las blinde de cualquier injerencia de la politiquería" para que "sean verdaderas autoridades ambientales y no que terminen siendo peajes al servicio de quién sabe quién". 

Incluso el Gobierno de entonces anunció que presentaría un proyecto de reforma constitucional; no obstante, este nunca llegó al Congreso. 

Por su parte, el presidente Petro hasta el momento no ha dicho mayor cosa sobre el funcionamiento de las CAR.

Otras reformas planteadas frente a las cuales ha habido oídos sordos son, por ejemplo, la supresión de las contralorías regionales y que en su defecto perviva solo la Contraloría Nacional; así como eliminar el Consejo Nacional Electoral para que le dé paso a un Tribunal en esta materia.

Código de Infancia y Adolescencia 

Desde hace años se viene insistiendo en el Congreso y en algunos sectores de la sociedad en la necesidad de modificar algunos aspectos del Código de Infancia y Adolescencia, especialmente en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, pues en la actualidad los jóvenes entre los 14 y los 18 años no pueden ser juzgados, declarados responsables penalmente ni internados en cárceles. 

Según estudiosos del tema, este aspecto de la normatividad viene siendo aprovechado por organizaciones del crimen organizado, especialmente del microtráfico, para instrumentalizar a los niños y jóvenes en la comisión de actividades delincuenciales. 

Según cifras de la Policía más de 30 mil menores de edad anualmente se ven involucrados en actividades delincuenciales, incluso en asesinatos. 

La Ley establece que los menores transgresores entre los 14 y 16 años pueden ser sometidos a medidas de protección, como amonestaciones e internamientos. 

Únicamente podrán ser privados de la libertad los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena según el Código Penal exceda los seis años de prisión o cuando sean hallados responsables de los delitos de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades. 

Sin embargo, la privación de la libertad es en un Centro de Atención Especializada y tiene una duración máxima de ocho años. 

Se ha propuesto reducir en este último caso a los 14 años la edad para que los menores de edad respondan por estos graves delitos y que la privación de la libertad sea en un centro de atención especializada.

En el anterior Congreso parlamentarios del Centro Democrático manifestaron la intención de presentar un proyecto en ese sentido; sin embargo, no se concretó la iniciativa. 

Los actuales congresistas ni el Gobierno se han referido al Código de Infancia y Adolescencia ni a qué hacer para evitar que los niños y menores de edad sean instrumentalizados por las organizaciones criminales.