Una pregunta hizo ayer al país, la directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón, acerca de cómo se conseguirán los $301 billones que se requieren por parte del Estado para reparar a más de 9 millones de personas afectadas desde el año 1985 en el marco del conflicto armado.

“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr –no $24 billones de la Reforma Tributaria–, sino más de $301 billones para contrarrestar la desigualdad, y esto va a requerir todo es un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos”, señaló la funcionaria en una entrevista con Colombia Hoy Radio.

Subrayó Tobón que ese esfuerzo “no lo vamos a hacer obviamente en cuatro años, requerimos muchos más años. Pero estos cuatro años tenemos que aportar decisión, limpiar los caminos, poner cimientos”.

La directora de la Unidad para la Atención de Víctimas precisó que con corte al 28 de febrero de este año se han incluido en el Registro Único de Víctimas un total de 9.446.572 personas, de las cuales 7.496.170 ciudadanos reciben atención en diferentes medidas de esa entidad.

Explicó que “es la cifra que nos plantea el Comité de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley de Víctimas”.

Patricia Tobón anotó que en 10 años de implementación de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, se han formulado sólo 52 planes de implementación previstos. “Nosotros en sólo estos cuatro años vamos a hacer, de esos 829, más de 600, el 80 %”, agregó.

Por otro lado, recordó que el domingo pasado se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, y manifestó que ahora se lleva a cabo una “semana ampliada de reflexión” por parte de diversas entidades del Estado, entre ellas la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

“En la medida en que no avancemos pierde la sociedad, pierde todo el país. Entonces creo que el mensaje y la reflexión de esta semana es muy necesaria para toda esta transición que estamos liderando y ayudando a construir, que es la que nos toca en este Gobierno”, expresó Tobón.

De igual manera, afirmó que el Gobierno tiene como prioridad la atención de la oferta a esta población en agua potable, saneamiento básico, electricidad, vías y otras áreas.

“Hoy muchos territorios que han sido víctimas del conflicto armado no tienen una vía, no tienen agua potable,  no tienen electricidad. Entonces uno no puede hablar de reparación y de dignidad sin lo más básico”, puntualizó.

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Plan de Desarrollo

En el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno y que presentó para estudio del Congreso, se plantea para mitigar los rezagos y las deudas en atención a las víctimas y reparación la necesidad de fortalecer los procesos de retorno y reubicación, así como la restitución de tierras y de derechos territoriales, con el fin de que sean sostenibles en el tiempo. Para garantizar condiciones de vida digna, el objetivo es emprender acciones específicas en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y generación de ingresos de las víctimas.

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se fija como meta la indemnización de 600.000 víctimas, la concertación y formulación de 642 planes de reparación colectiva, la implementación de 300 planes de reparación colectiva, el retorno y reubicación de 368.000 víctimas, la superación de la situación de vulnerabilidad para 2.000.000 de víctimas y llegar al 100 % de esta población con atención humanitaria.

En 20 años (2002-2022) se destinaron $219 billones para la atención y reparación a las víctimas, aunque sólo se logró la indemnización del 14 %.

“En 2021 el 50,1 % (de las víctimas) se encontraba en pobreza monetaria. Si el número de víctimas dejará de aumentar hoy, repararlas integralmente podría tomar 67 años y costar, sólo en el rubro de inversión, $142 billones”, señala el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.

La Ley 1448 de 2011, en la cual se obliga al Estado a reparar a las víctimas, vencía su vigencia en 2021, por lo que el Congreso la prorrogó hasta el 2031, tiempo que ahora existe para cumplirle a las más de 9 millones de personas afectadas.