La indagación en torno a la participación del congresista Antonio Jose Correa Jiménez, del Partido de la U, en la celebración de contratos relacionados en la construcción de canchas sintéticas en Bolívar y Córdoba, continúa.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al resolver no decretar la nulidad de pruebas solicitada por la defensa del congresista, acusado ante la Sala de Primera Instancia por los presuntos delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público.

“Como viene de verse, en este caso la bancada de la defensa sustentó su solicitud anulatoria en irregularidades sustanciales que constituyen vicios de estructura del procedimiento, señalando que el magistrado instructor a más que practicó cuatro pruebas testimoniales en el término de ejecutoria del cierre del sumario, las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de realizar la valoración exigida por el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, negó su solicitud probatoria «por considerarla inoportuna y extemporánea»”, explicó la Sala en lo que respecta a la nulidad alegada en el presente caso.

Los hechos se remontan al año 2018 cuando el senador resultó involucrado en un informe de interceptaciones telefónicas que se ordenaron contra la intermediaria Vanesa Margarita Deyongh Yepes y el contratista Carlos Celestino Martelo Sarabia; integrantes del Consorcio El Peñón, a través de las cuales se habría establecido, inicialmente, la posible participación del congresista en las conductas punibles que se le endilgan.

La situación se relaciona con un convenio firmado con Coldeportes entre 2017 y 2018, un expediente que la Fiscalía General de la Nación llamó "Caso de Corrupción Mermelada Tóxica".

Según se desprende de la acusación, entre los años 2016 y 2017, cuando Correa fungía como senador de la República, tuvo a su disposición un cupo de recursos para la cofinanciación de proyectos a través del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), por un total de 5.000 millones de pesos, figura conocida en la actualidad como "cupos indicativos".

Presuntamente, estos recursos fueron gestionados por una estructura criminal, de la cual, señala la investigación, el senador Correa era la cabeza visible, encargándose de coordinar la celebración de contratos entre Coldeportes y algunos municipios de la Costa Atlántica, exigiendo a cambio de ello el pago de retribuciones económicas a los posibles contratistas.

Así las cosas, la Sala ordenó además la ampliación de varios testimonios de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador, entre los que están Mariela Trujillo, Melissa Pérez y Claudia Mora.

La Corte argumentó en su decisión que cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad si la prueba que no se practicó y se califica como fundamental puede recaudada en la etapa de juicio.