En este momento cabría hacer una revisión en profundidad del Código Penal sobre los tipos y penas, entre otros, pero es una tarea que tiene que hacer primero una comisión de expertos y luego sí llegar al Congreso. Así lo señaló Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia.

EL NUEVO SIGLO: El ministro de Justicia anunció que no es prioridad del Gobierno construir cárceles, sino trabajar en la resocialización. ¿Qué opina de esta política? 

HERNANDO HERRERA MERCADO: Creo que una política criminal tiene que ser integral, no puede descartar un elemento ni el otro. Desde luego la política preventiva, la rehabilitación y lo que se puede hacer frente a las personas privadas de la libertad y que están purgando un delito, es un tema connatural a una política criminal que fortalezca el tema de los derechos humanos. 

Pero no menos cierto es que no se puede dejar descalzo al Estado sin la identidad de tener un poder coercitivo, si se quiere eficiente y severo, frente a aquellas personas que agreden la vida, honra y bienes de los conciudadanos. 

ENS: Entre las propuestas que analiza el Ministerio para que en algunos delitos no haya cárcel, está que quienes roben un celular se lo devuelvan a la víctima. Además, que le paguen algunos meses del plan de telefonía. ¿Qué piensa de ello?

HHM: Creo que el ministro de Justicia es una persona bien intencionada, pero falta aterrizar un poco más esa propuesta, cómo en la práctica se concretaría, porque eso tiene diferentes complicaciones.

Primero, a la víctima no se le puede obligar a resarcir a su victimario tipo modelos que han imperado por ejemplo en las Farc, que lo que hemos visto hasta el momento  es una exguerrilla gozando de todos los privilegios y unas víctimas aún esperanzadas en que se les resarzan sus derechos vulnerados. 

Entonces, lo primero que tendría que discutir una política de esa naturaleza es la convalidación, la autorización o la anuencia de la víctima para que ello se concretara. 

Segundo, en lo que se refiere específicamente al delito de hurto, estamos enfrentados a una problemática muy compleja, es el delito que más se perpetra en nuestro país, pero además es el delito que presenta la mayor reincidencia.

¿Qué se va a hacer entonces en esos casos? ¿Puede una persona hurtar uno, dos, tres, cuatro celulares, y siempre la solución sería la alternativa de sentarse con su víctima a devolverle el celular? En esos casos por ejemplo de reincidencia debería existir una mano mucho más dura.

ENS: Al Código Penal el Congreso le ha hecho retoques, ¿considera necesaria una revisión a fondo?

HHM: Sí pudiera ser interesante hacer una revisión de la legislación penal a varios niveles y dijéramos del accionar penitencial. La primera, desde luego, analizar qué conductas todavía por la agresión que le generan a la sociedad resulta benéfico que sigan siendo contempladas como un delito.

De otro lado, habrá que revisar la inflación legislativa en materia de delitos, que muchas de las veces han sido sobre la base de una política criminal incoherente porque cada congresista piensa que para pasar a la historia, lo ideal es crear un delito o crear una exoneración de un delito. 

Por eso la revisión tendría que pasar antes por una comisión experta que integre el Gobierno a ese propósito. No puede ser una comisión cerrada, sino integrativa a las diferentes fuentes y escuelas del derecho. 

Lo tercero a ese respecto es lo que tiene que ver con lo procesal o lo procedimental, hay que hacer una revisión a esas normas. 

Pero además tendría que revisarse para proteger que no resulten defraudadas ni la sociedad ni la víctima, pues todas esas figuras de vencimiento de términos a veces son indebidamente aprovechadas para conseguir libertades condicionadas que no tendrían por qué hacerse, sobre todo en los delitos de mayor impacto. 

Y por último, una revisión a las normas penitenciarias y a la forma como opera el Inpec. Hay que pensar en tecnificar la carrera profesional de la guardia, darle mayor estabilidad a la cúpula. En los últimos 20 años hemos tenido más de 23 directores del Inpec, lo cual va también en contra de la buena gestión administrativa.