La ponencia para el segundo debate en las plenarias del Senado y Cámara del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 se presentaría entre el lunes y martes próximo. Al tiempo algunos parlamentarios alertan por supuestos nuevos ‘micos’ en el articulado.

En las últimas horas se conoció que el exrepresentante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, envió una carta al Congreso de la República alertando que en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo se deroga la Ley 2186 del 2022, de su autoría, en que se obliga al sector financiero a cumplir labor social en favor de los campesinos, garantizando el acceso al crédito.

"La cartera sustitutiva es en la que los bancos, por responsabilidad social con el Estado, tienen que invertir el 5 % de todas las colocaciones que tienen en los diferentes sectores y este tiene que ir al sector agropecuario, lo que representa una suma cercana a los 25 billones de pesos", explicó Zuleta Bechara.

Añadió que “no sería coherente suprimir una Ley que obliga a que el sector financiero colombiano cumpla con su responsabilidad social con el país y que, de esta manera, le entregue cerca de $12 billones en crédito a más de 10 millones de pequeños y medianos campesinos colombianos”.

El senador, Carlos Manuel Meisel Vergara, ponente del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, consultado por EL NUEVO SIGLO, indicó que “ocurre que el Gobierno en este concepto de economía popular, no se tiene claro bien qué es, está autoproclamándose el único gestor y patrocinador directo de la ciudadanía, a través incluso de unos fondos que traen mucha dificultad para la lucha contra la corrupción, mucha dificultad a la transparencia de los recursos públicos porque son prácticamente contrataciones directas”.

Agregó, el Legislador del Partido Centro Democrático que “todo eso en el manejo de los recursos públicos lo vemos con mucha preocupación y, sobre todo, con imposibilidad que ocurra lo que están prometiendo a diestra y siniestra, porque el Estado si no cuenta con un acompañamiento de los privados, de la iniciativa de los bancos, de las nuevas tecnologías de financiamiento, le va a quedar muy complejo cumplir lo que está prometiendo”.

Sostuvo, Meisel que “ese Plan Nacional de Desarrollo era un zoológico lleno de ‘micos’, y por mucho que hemos eliminado y bloqueado algunos, siguen estando más”.

En ese sentido, enfatizó que “a este país no se le puede olvidar que le plantearon revisarle los chats de WhatsApp y de las redes sociales, eso lo pidió el Gobierno. Al país no se le puede olvidar que el Gobierno también pedía facultades para él elegir los lugares y la forma de reclusión de los condenados en los resguardos indígenas. Es decir, el Presidente quería ser juez de los resguardos indígenas, y juez penal, además”.

• Le puede interesar: MinInterior no descarta reemplazo si reforma a salud no pasa

Tampoco se puede dejar de lado la intención del Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo de la creación de fondos “que favorecen la contratación directa y no favorecen la transparencia que tanto requiere el pueblo colombiano”, expresó el Parlamentario de oposición.

“Es un Plan Nacional de Desarrollo que, además uno no ve que incentiva algo. Uno no ve que favorezca a ningún sector. Si no les gustan los hidrocarburos, listo, pero uno no ve que quieran favorecer a ningún otro sector económico para tratar de reemplazar la fobia que les tienen a los hidrocarburos”, señaló Meisel.

Por su lado, el senador Paulino Riascos, integrante de la coalición de gobierno y presidente de la Comisión Cuarta, le compartió a este Diario que “hablar de ‘micos’, eso tiene que tenerlo la persona muy claro y demostrarlo, incluso hacérselo ver a sus demás compañeros ‘los congresistas’, porque de lo contrario se convierte en una acusación tendenciosa”.

Enfatizó que “respeto los criterios de quien lo anuncia, pero tratándose de ‘micos’ y cosas indebidas que puedan quedar me parece pertinente, pero hay que formalizar los conductos para permitir que se corrijan o se excluyan del Plan”.

Por otra parte, el Parlamentario de la coalición del Pacto Histórico defendió el proyecto del Plan de Desarrollo que presentó el Gobierno.

“Tenemos un Plan amplio que hemos defendido con la filosofía de lo que le prometimos al país para gobernar, enmarcado incluso en las poblaciones más desprotegidas. Defendemos las diferentes propuestas y proyectos que se han enmarcado para el tema del agro, la infancia”, entre otros, remarcó el Congresista del oficialismo.

Las dudas del Fiscal General

El fiscal General Francisco Barbosa Delgado indicó en días anteriores, que en el Plan Nacional de Desarrollo hay por lo menos siete ‘micos’ que terminarían favoreciendo a corruptos y narcotraficantes, pues se reducen los requisitos en la contratación en el sector público, bajo el concepto de economía popular.

Puso de presente que se autoriza a las entidades a contratar de manera directa con personas naturales hasta por $165 millones. “Estos son los sifones donde meten recursos y desaparecen miles de millones de pesos”, alerta Barbosa.

También se suprime el registro único de proponentes que hoy existe, a través de Colombia Compra Eficiente. Ello permitiría, dijo el Fiscal General, que cualquier persona se postule para contratar con el Estado, así tenga una sanción.

Agregó el jefe de la Fiscalía que, asimismo, se modificaría la Ley de Transparencia para facultar a los cabildos indígenas y consejos comunitarios de negritudes para que contraten de manera directa.

Consideró, además, Barbosa que el hecho de que estos actores no tengan experiencia en la contratación podría terminar en que sean manipulados por corruptos. “¿Cómo le vamos a decir que contraten si, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la cultura propia de un pueblo indígena?”, sostuvo el Fiscal General.

Información personal en redes sociales

El artículo 125 aprobado en primer debate del Plan Nacional de Desarrollo establece una nueva función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el sentido de “requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como a los proveedores que ofrezcan servicios a través de Internet, accesibles desde el territorio colombiano, de vídeo bajo demanda, de intercambio de vídeos generados por usuarios provistos a través de plataformas, y de servicios de intercambio interpersonal, directo e interactivo de voz, vídeo o mensajería en línea”.

Establece que aquellos que no proporcionen la información requerida por dicha Comisión, “podrán ser sujetos de imposición de multas diarias” hasta por 250 salarios mínimos.

La disposición ha causado malestar y prevención en algunos, ya que permitiría a la Comisión solicitar información no sólo de tráfico de los usuarios de cualquier aplicación, sino información de los contenidos.

El senador David Luna, señaló que “viola gravemente la privacidad de los colombianos y la Ley 1581 de 2012, que ordena proteger los datos de los ciudadanos”.

El comisionado, Nicolás Silva aseguró que en “ningún caso la Comisión busca meterse con información privada. Es algo que respetamos”.