EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan grave es la crisis de inseguridad y orden público que advierten gobernadores, Fiscalía, Procuraduría y otras instancias en varias regiones?

CARLOS CAMARGO: La situación de seguridad en las regiones del país efectivamente es crítica. A través de nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT) hemos evidenciado los riesgos y alertado a las autoridades locales y regionales sobre la presencia y el accionar de grupos armados ilegales. Según lo han manifestado autoridades territoriales y algunos líderes comunitarios, los grupos ilegales han aprovechado los decretos de cese al fuego del Gobierno Nacional para incrementar su presencia y accionar delictivo en varias regiones del país.

ENS: ¿Cuáles son hoy los mayores factores de riesgo para las elecciones regionales de octubre?

C.C.: Desde la Defensoría ya estamos haciendo monitoreo en las regiones a la situación de orden público de cara a las elecciones y vemos con preocupación que en algunas zonas del país, como por ejemplo en la línea geográfica que comprende los departamentos de Nariño hasta el Guaviare, en donde tienen presencia los grupos armados ilegales, se está carnetizando a la población, y ese fenómeno está ligado al proceso electoral.

ENS: La Defensoría presentó semanas atrás un preocupante informe sobre el crecimiento del accionar de la guerrilla y el ‘Clan del Golfo’ ¿Qué encontraron?

C.C.: El aumento en el accionar delictivo de los grupos armados ilegales se está presentando por diversos factores en cada una de las regiones del país, uno de ellos es el cambio en las dinámicas del conflicto, especialmente, en el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), por el cese al fuego bilateral, que desafortunadamente fue utilizado por este grupo para incrementar su actividad delictiva de cara a una ampliación de su área de influencia y su capacidad de disputa por el liderazgo territorial, y el control de las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, las rutas de migración ilegal, entre otros.

También destacamos que en algunas regiones muy alejadas del centro del país, una de las razones del crecimiento de la operación de los grupos armados ilegales es la poca presencia estatal en esos territorios.

ENS: ¿Cómo ha visto la Defensoría el cumplimiento o incumplimiento de los cese el fuego firmados con el Gobierno con grupos residuales de las Farc y bandas criminales?

C.C.: Todos los esfuerzos y caminos que conduzcan a la paz serán bien vistos y valorados no solo por la Defensoría, sino por el pueblo colombiano y por la comunidad internacional. Lamentamos que los grupos armados ilegales no han cumplido el cese al fuego pactado con el Gobierno, mientras que el único actor que ha cumplido con esa medida son las Fuerzas Militares.

Es lamentable, porque los grupos ilegales están dejando escapar una oportunidad histórica, quizás única, de sumarse a los deseos de paz impulsados por el Gobierno.

Aprovechamos para reiterar nuestro llamado a esos grupos armados ilegales a acoger el cese al fuego acordado con el Gobierno, como una muestra real de que están dispuestos a deponer las armas, a renunciar a las hostilidades, a no seguirles haciendo daño a las comunidades, especialmente a las que habitan las zonas rurales.

Líderes sociales

ENS: Tras el asesinato de 35 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer trimestre, caben dos preguntas ¿Quién los está matando? ¿Por qué no funcionan las medidas de protección que tanto ha anunciado el Gobierno?

C.C.: Los líderes y defensores de derechos humanos representan la voz de las comunidades, callarlos con las balas es silenciar e invisibilizar sus necesidades, y una grave afectación para la democracia.

Mucho se ha dicho desde distintos sectores sobre los posibles autores intelectuales y materiales. Lo que hemos podido evidenciar desde la Defensoría es que los grupos armados al margen de la ley hacen presencia en esos lugares y se incomodan con la defensa que ejercen los líderes, sin embargo, son las autoridades competentes las directamente encargadas de establecer verazmente quiénes son los responsables y ponerlos tras las rejas.

Para no devolvernos tanto en el tiempo, el año pasado en Colombia desde la Defensoría registramos 215 homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Es la cifra más alta desde que tenemos registro en 2016. Algo sumamente grave y repudiable que exige una respuesta contundente de protección y seguridad por parte de las autoridades.

Vale destacar, la reducción en el número de casos de líderes asesinados, de 59 en el primer trimestre de 2022 a 35 en el mismo período de este año. Sin embargo, la disminución en el número de casos no es para celebrar, sino por el contrario para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permita acabar con este tipo de crímenes en el país.

ENS: ¿Desplazamiento o confinamiento? ¿Cuál es hoy el fenómeno más grave y en qué regiones?

C.C.: Tanto el desplazamiento como el confinamiento de la población civil son consecuencias muy graves del conflicto armado en las regiones en las que están en permanente disputa los grupos ilegales, al ser los fenómenos que más afectan a las comunidades en los territorios.

En regiones como el Pacífico colombiano, específicamente el piedemonte costero de Nariño, el distrito de Buenaventura en el Valle del Cauca, y las zonas rurales del Chocó, hoy se están presentando confinamientos y desplazamientos masivos en las comunidades que están huyendo del conflicto. Y, de la misma forma, en los departamentos de Guaviare, Arauca, Vaupés, Huila y Meta hemos evidenciado el riesgo de confinamiento y desplazamiento forzado de las comunidades rurales en nuestras ultimas alertas tempranas emitidas.

Solo el pasado mes de marzo reportamos 53 eventos de movilidad humana forzada en el país, siete de ellos fueron de desplazamiento masivo (768 familias, correspondiente a 1579 personas), 37 estuvieron relacionados con confinamiento (40 comunidades, para un total de 2364 familias) y 9 se relacionaron con reportes de riesgo de movilidad humana.

14 alertas tempranas

ENS: ¿Cuáles son hoy las principales alertas tempranas emitidas por la Defensoría?

C.C.: Las alertas tempranas de la Defensoría evidencian cuáles son los escenarios de riesgo en cada una de las regiones del país, en donde hemos evidenciado el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales de alcance nacional y regional que aprovecharon las regiones abandonadas por las antiguas Farc.

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En 2023 llevamos 14 alertas tempranas emitidas, siendo las principales las que dan cuenta de la inminencia de los hechos violentos en los territorios, entre ellas, la 05 para el municipio de Toribío, en el Cauca; la 06 para el municipio de La Esperanza, en Norte de Santander; la 07 para Cajibío, en el Cauca; la 08 de carácter binacional con Ecuador, por los riesgos que corre la comunidad indígena Awá en la frontera; la 011 para Arauca, la 012 para Guaviare, la 013 para el municipio de Bagadó, en Chocó, y la 014 para las regiones del Urabá antioqueño y chocoano en la frontera colombo - panameña

ENS: La ONU dice que este año han pasado ya más de 100 mil personas por el Tapón del Darién ¿Por qué no funcionan las medidas adoptadas para frenar este flujo migratorio ilegal?

C.C.: Desde la Defensoría hace pocos días nos pronunciamos sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes que se arriesgan a cruzar la selva del Darién. Junto con el Defensor del Pueblo de Panamá y luego de estar en la zona del Darién panameño, decidimos emitir una Alerta Temprana Binacional. La segunda en la historia del sistema, luego de la que presentamos para la frontera colombo - ecuatoriana.

Los flujos migratorios son cada vez mayores, es una realidad imparable, pero lo que nos debe ocupar es garantizar la vida y la integridad de las personas migrantes mientras estén en el país.

Encontramos en el Darién una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales y dado que no están funcionando las medidas de alcance fronterizo, les estamos pidiendo con esta alerta que adopten las medidas necesarias para que sea protegida la población migrante de los criminales que se aprovechan de quienes a diario deciden enfrentarse a los peligros de la selva. Peligros relacionados con extorsiones, atracos, posible trata de personas, homicidios, desaparición forzada y violencia sexual, entre otros.