A FINALES del mes de septiembre el Gobierno Nacional expidió el decreto 1557 del 21 de septiembre de 2023, que aumenta del 30% al 50% la bonificación mensual para quienes prestan su servicio militar estableciendo que sería de $ 580.000.
Luego, del anuncio del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro referente a pagar un subsidio de 1 millón de pesos a los jóvenes que delinquen para que dejen de hacerlo o no caigan en la delincuencia; suscitó una nueva polémica en el país.
Al respecto el general (r) Luis Mendieta dijo a este Diario que es insólito que el Gobierno destine ese presupuesto para pagar subsidios a jóvenes para no delinquir.
“Estoy totalmente en desacuerdo porque soldados, auxiliares de policía regulares y bachilleres les pagan solo una pequeña bonificación por servir a la comunidad. También está el caso de discapacitados, viudas, huérfanos de integrantes de la fuerza pública que reciben en muchos casos la mitad del salario mínimo, total injusticia ante quienes quedaron con secuelas físicas y psíquicas por causa del conflicto armado, por acción de las bandas delincuenciales, narcotraficantes y por acciones de la llamada primera línea”, sostuvo.
A su turno, la senadora Liliana Bitar del Partido Conservador enfatizó que no está de acuerdo ni es justo que “un joven juicioso, que se ha esforzado por salir adelante y que trata de ganarse la vida honradamente vea que otros jóvenes que andan en malos pasos, que no les gusta esforzarse y que incluso ya han delinquido en reiteradas ocasiones se les ofrezca un subsidio de un millón de pesos”.
“Esto es un mal ejemplo y desincentiva enormemente a quienes sí trabajan duro para ganarse lo del diario. Por supuesto, estoy de acuerdo que el Estado debe ayudar con programas estructurales a estos jóvenes cuyas condiciones de vida tan difíciles les han llevado por el mal camino, pero no es entregándoles plata como lograremos que sean autónomos, responsables y que dejen de delinquir”, explicó.
Volteando la escala de valores
El senador Ciro Ramírez del Centro Democrático afirmó que es importante no trastocar la escala de valores del gasto público social que va del Estado hacia la población más vulnerable.
“Si nosotros como Estado empezamos a incentivar que son los que delinquen quienes reciben esas ayudas del Estado, estamos volteando esa escala de valores y desincentivando a los colombianos o jóvenes que no tienen recursos. Ese no puede ser el mensaje que se le da a los jóvenes colombianos”, afirmó.
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Por su parte, el senador David Luna del partido Cambio Radical señaló que es lamentable que el Presidente prefiera pagarles a delincuentes que a jóvenes con ganas de estudiar y salir adelante de manera honesta.
“Eso le costaría al país 1,2 billones de pesos anuales. La propuesta del Presidente deja un pésimo mensaje, si tenemos en cuenta lo poco que se les paga a los jóvenes que prestan servicio militar o los pocos beneficios que obtienen los estudiantes. Según Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, un estudiante cuesta en promedio 8 millones de pesos anuales. Con los 1,2 billones anuales destinados a pagarle a quienes no delincan, se podría financiar la educación de ciento cincuenta mil estudiantes al año. ¿Del lado de quién está el Presidente?”, cuestionó.
Por último, el senador Germán Blanco del partido Conservador señaló que en la búsqueda de la paz, el fin no justifica los medios.
“No es posible que se legitime un ejercicio como la prestación del servicio militar con unas asignaciones que adolecen del cubrimiento de las necesidades básicas de la persona para que a otro se le estimule para que deje de delinquir o no delinca y se le entregue un valor superior al que está haciendo las cosas bien y está legitimando el Estado. No estamos de acuerdo, no creemos que eso obedezca a una paz total y mucho menos a una paz real”, concluyó.