La aprobación en primer debate, el pasado martes, por parte de la Comisión Segunda del Senado del proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú, en asuntos ambientales sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia, prendió las alarmas en el empresariado, tanto que a través del Consejo Gremial Nacional pidió ayer al Gobierno y al Congreso no aprobarlo por sus efectos negativos que consideró para el desarrollo, la economía y el empleo.

Desde el 2020 cuando se comenzó a tramitar este proyecto que presentó el Gobierno con mensaje de urgencia para ratificar el Acuerdo que firmó en 2019, con incidencia en América Latina y el Caribe, varios gremios de la producción manifestaron sus temores porque su aplicación podría convertirse, según éstos, en una talanquera para los proyectos de desarrollo que tanto necesita el país para avanzar y generar empleo.

Incluso en septiembre de 2020 el Consejo Gremial le pidió por primera vez al Legislativo no aprobar el Acuerdo de Escazú. 

Las dudas frente al proyecto generaron falta de consenso en los diferentes partidos, donde colectividades como el Centro Democrático y el Partido Conservador manifestaron reservas y pidieron un debate a fondo sobre los pro y contra del Acuerdo; en tanto que la oposición y sectores progresistas se jugaron a ‘muerte’ con el mismo.

En medio de ese mar de dudas, el proyecto se hundió en la tercera legislatura por falta de trámite.

No obstante, en noviembre pasado, el presidente Duque en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia, se comprometió a insistir en la aprobación de este Tratado.

“En el tema de la discusión del Congreso ya se presentó, si nos toca presentarlo con urgencia para acelerarlo, lo hacemos, pero una cosa muy importante es que el Congreso quiere discutir eso a profundidad. Hicimos una ronda en todo el país y ya se presentó, el compromiso es que tenga una discusión profunda y que le sirva al país”, expresó en esa oportunidad el Presidente.

Efectivamente, el Gobierno radicó nuevamente el proyecto, aunque se mantenía la falta de consenso entre los partidos para sacarlo adelante.

No obstante, cuando nadie daba un peso porque se iniciara el trámite de la iniciativa en un Congreso a punto de terminar su periodo, la Comisión Segunda del Senado lo aprobó esta semana con siete votos.

Solicitud del Consejo Gremial

Como se dijo, desde hace más de dos años gremios como la SAC, Naturgas y el propio Consejo Gremial Nacional mostraron su preocupación por los efectos de este Acuerdo en el país.

No obstante, ahora la aprobación en primer debate del respectivo proyecto generó una inmediata reacción en cadena en el empresariado nacional, que llevó el pedido del Consejo Gremial al Gobierno y al Congreso para que no sea aprobado.

En una comunicación éste señaló que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”.

Subrayó que “el Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, registra con preocupación la aprobación de parte de la Comisión Segunda del Senado de la República del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, y hace un llamado respetuoso al Gobierno nacional, y en particular al honorable Congreso de la República, a la no ratificación del mismo”.

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El Consejo Gremial Nacional expresó también en la comunicación varias razones por las cuales considera que no se debe aprobar este Tratado.

“El Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”.

Dijo también que el Acuerdo de Escazú “no admite reservas y establece la supremacía de una entidad multilateral, para resolver las eventuales controversias que se presenten entre las partes en cuanto a su aplicación e interpretación. Obliga a los Estados Parte, a acatar decisiones de un tribunal por crear o de la Corte Internacional de Justicia, a la que Colombia renunció, con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua”.

Considera también el Consejo Gremial Nacional que este Acuerdo es innecesario en el país porque varias de sus disposiciones las contempla la normatividad local.

“La protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento y empleos", señala el Consejo Gremial.

Finalmente, el Consejo Gremial Nacional hace dos propuestas frente a este asunto. La primera es la no ratificación por parte del Congreso del Acuerdo de Escazú, y abrir un espacio de diálogo y análisis con distintos sectores, incluido el productivo, en el que se analicen los riesgos y los beneficios del mismo, la normatividad con la que cuenta el país en los asuntos que incluye el Tratado y el peligro de que se entregue parte de la soberanía ambiental a organizaciones y organismos internacionales.

En segundo lugar, propone participar de la iniciativa en calidad de observador, como ya lo hizo el Gobierno nacional en la reciente reunión del Acuerdo, por un tiempo de al menos dos años, a fin de conocer de manera directa la implementación y aplicación en otros países. 

Beneplácito de ambientalistas

WWF, una de las principales organizaciones de conservación de la naturaleza a nivel global, manifestó su beneplácito por la aprobación por parte del Congreso colombiano en primer debate del proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú.

“Para la Alianza por el Acuerdo de Escazú, este es un gran paso para la aprobación de este tratado, que genera un escenario propicio para el fortalecimiento de la democracia ambiental y la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia”.

Agregó que “como quedó claro en la reciente COP 1 del Acuerdo de Escazú, este tratado se consolida como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región”.