Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, presentó su informe en la Comisión Primera del Senado, donde también habló de los retos que se presentan en la entidad.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo encontró la Unidad al ponerse al frente de ella?

PATRICIA TOBÓN: Nosotros tenemos deudas y rezagos con las víctimas, encontramos muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convierten en obstáculos para el acceso a los derechos de las víctimas, y para que estas accedan a estas medidas han definido rutas que pecan por el exceso de herramientas, que generan una maraña de instrumentos en los que terminan perdiéndose las víctimas y eso dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente. Incluso los órganos de control han considerado que estos procedimientos resultan regresivos y por eso hemos empezado a revisar las resoluciones internas, para asegurar que podamos cumplir con nuestra misión.

ENS: Usted también señaló que encontró un bajo cumplimiento de las metas en la entidad...

PT: La entidad tiene una gran carga operativa que es pesada, que es densa, por lo que vimos también nuestra forma de operar para que sea más ligera y efectiva. En cuanto a la gestión encontré rezagos importantes en el cumplimiento de las metas que se habían establecido institucionalmente. Por ejemplo de las 15 metas que tenía la Unidad en el pasado Plan Nacional de Desarrollo más de la mitad no se podían cumplir. Tuvimos que hacer un esfuerzo institucional muy grande para cerrar el 2022 lo mejor posible.

ENS: ¿Cuántas víctimas se han reparado hasta el momento?

PT: En la reparación administrativa, en toda la implementación de la Ley se había indemnizado el 13 % de las víctimas que deben ser indemnizadas. De la meta de 510.296 víctimas que se preveía reparar en el anterior gobierno, cuando llegué en agosto los resultados estaban cerca de 60 mil víctimas y nosotros logramos duplicar el número. En cuatro meses pudimos cerrar el año con más de 119 mil personas reparadas.

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ENS: ¿Cómo está la situación en cuanto a reparación colectiva?

PT: Si bien 50 comunidades y organizaciones de comunidades campesinas, dos sujetos étnicos de comunidades afrocolombianas, una organización de mujeres culminaron su plan de reparación integral, lograron en un 100 % esas acciones, solo representan el 6 % de más de 850 comunidades que hacen parte de este proceso; es decir, que durante los 10 años no hubo avance con estos procesos. De la meta propuesta en el PND de 140  sujetos reparados se logró apenas el 35 % y estamos priorizando la implementación de medidas para avanzar en estos procesos. Se había pagado la indemnización étnica en el marco del proceso de reparación colectiva a 43 comunidades, pero adicionalmente en términos presupuestales recibí una entidad con dificultades en la ejecución, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para implementar en cuatro meses lo que estaba trazado durante el año, esencialmente en proyectos de inversión en temas claves como la implementación y fortalecimiento de la reparación de víctimas y mejorar en la gestión de información.  

ENS: ¿Por qué son vitales las mesas de participación con víctimas?

PT: La importancia de mantener esta agenda participativa de las víctimas se ve materializada en hechos como la construcción del PND. Por ejemplo, gracias a los espacios adelantados desde 2022, 763 víctimas plantearon en 32 mesas departamentales, la Mesa Distrital de Bogotá y la de Participación Efectiva de las Víctimas propuestas sobre políticas públicas en tres ejes temáticos: reparación integral, atención y asistencia, y prevención y protección.

Desde mi llegada a la Mesa Nacional destacamos la importancia de promover la participación y la escucha de las víctimas en esta nueva visión del PND. Estamos también trabajando con perspectiva de hacer una mesa de seguimiento en la que las víctimas puedan conocer estas propuestas. Hemos avanzado en la construcción de un plan de trabajo conjunto sobre aquellas necesidades que identificamos, rutas de diálogo, la modificación de la política y los cambios que hoy está llamado el Gobierno a reajustar, en pro de las garantías de las víctimas del conflicto armado.