Con el fin de reforzar la lucha contra los crímenes ambientales en la Amazonía, el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales, será creado un observatorio del delito.

Así lo indicó el director de Carabineros y Protección Ambiental, general José James Roa, en diálogo con EL NUEVO SIGLO. Reveló que desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 fueron capturadas 2.967 personas por orden judicial bajo la sindicación de incurrir en delitos ambientales.

EL NUEVO SIGLO: General José James Roa, ¿cómo se está enfrentando la deforestación en Colombia y cuántas hectáreas fueron destruidas por la mano del hombre en el 2024?

GENERAL JOSÉ JAMES ROA: En los últimos años, Colombia ha implementado diversas estrategias para enfrentar la deforestación, de las cuales se deben tener en consideración, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, mediante la creación de políticas ambientales más estrictas. A través de la Ley de Cambio Climático se busca promover la conservación de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales. Esta ley establece objetivos claros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prioriza la reforestación como una forma de restaurar ecosistemas degradados. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende de su aplicación en el terreno y del compromiso de las autoridades locales.

La cifra de deforestación para el 2023 fue de 79.256 hectáreas, lo que significó una reducción del 36 % a nivel país en comparación con el año 2022, mientras se estima que en el 2024 se destruyeron más de 160.000 hectáreas de bosque por la acción humana, teniendo en cuenta los diferentes factores como la minería ilegal, los cultivos ilícitos en áreas protegidas, el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola.

ENS: ¿Cómo se trabaja para proteger la Amazonía?

GJJR: En los últimos años, los informes por parte del Ideam han señalado que las tasas de deforestación han disminuido notablemente. Sin embargo, es preciso resaltar el compromiso que se tiene por parte del Estado en el cumplimiento de la preservación de la Amazonia colombiana como sujeto de derechos mediante la sentencia 4360 del 2018. Por ende, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ha venido priorizando las áreas más afectadas por la deforestación, aunado a los esfuerzos y capacidades de nuestra Policía y Fuerzas Militares, realizando controles más exigentes en nuestras áreas protegidas, para poder contrarrestar las estructuras criminales que se dedican a la tala indiscriminada de bosque natural y vienen afectando los recursos naturales y el ambiente.

Más controles

ENS: ¿Se incrementarán las medidas de control?

GJJR: Aunque los exigentes controles han permitido que la deforestación en la Amazonía sea la más baja, es esencial mantener y reforzar estas medidas. La combinación de tecnología, regulación estricta y el empoderamiento de las comunidades locales es fundamental para asegurar un futuro en el que la Amazonía continúe siendo un recurso vital para el planeta. La lucha contra la deforestación es un desafío constante que requiere un compromiso colectivo y sostenido. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ha logrado desarrollar actividades para combatir las estructuras criminales que dañan el ambiente a través de la deforestación, la extracción ilícita de minerales, la expansión de la frontera agropecuaria, la siembra de cultivos ilícitos, el acaparamiento de tierras, el apoderamiento de hidrocarburos, el tráfico de madera, tráfico de fauna y flora, entre otros crímenes.

ENS: ¿Incautaciones?

GJJR: En 2024, en la región de la Amazonía se logró un total de 1.539 incautaciones de fauna, 37.311 de flora, 4.111 m³ de madera, 5.662 hidrobiológicos y 354 capturas por delitos ambientales.

ENS: ¿Qué otras regiones son blanco de tráfico de madera?

GJJR: Otra área geográfica de Colombia donde la actividad criminal relacionada con el tráfico de madera ilegal es significativa es la región Andina, que incluye los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander, entre otros. En esta región, la tala ilegal de árboles para la producción de madera y la deforestación indiscriminada están provocando daños irreparables en los ecosistemas locales y en la calidad del agua. La región del Pacífico colombiano que abarca los departamentos de Chocó, Valle y Cauca, también se ha visto afectada por la actividad criminal relacionada con el tráfico de madera ilegal. En esta región, la deforestación ilegal para la expansión de la frontera agrícola y la extracción no sostenible de recursos maderables están causando graves daños ambientales y sociales.

La Amazonía

ENS: ¿Cómo se está protegiendo al Amazonas?

GJJR: Mediante la cooperación internacional, el Gobierno colombiano busca diseñar políticas que protejan la Amazonía. Acuerdos como el de París buscan reducir las emisiones de carbono y, por ende, promover la conservación de los bosques tropicales. La participación de organizaciones internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, apoya proyectos que combaten la deforestación y promueven el desarrollo sostenible. A través de la creación de áreas protegidas, la reforestación, la educación y la cooperación internacional, se están haciendo esfuerzos significativos para preservar esta región crítica. La supervivencia del Amazonas no solo beneficia a sus habitantes, sino que también es vital para el equilibrio ecológico del planeta.

ENS: ¿Se busca crear nuevas herramientas?

GJJR: Se pretende poner en marcha un observatorio del delito regional en Leticia, Amazonas, con todas las capacidades que se tienen desde la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el cual es una iniciativa crucial que busca abordar la problemática de la deforestación y los delitos ambientales en la Amazonía. En primer lugar, es fundamental entender que la delincuencia en regiones como Amazonas está influenciada por diversos factores socioeconómicos. La deforestación, el narcotráfico y la explotación de recursos naturales son solo algunas de las actividades ilegales que se han intensificado en los últimos años.

El observatorio tiene la capacidad de monitorear y analizar tendencias delictivas en tiempo real. Esto permite no solo identificar picos de criminalidad, sino también prever posibles delitos a partir de patrones históricos. Al actuar basados en datos, se pueden implementar estrategias de policía más efectivas, enfocadas en las áreas donde la delincuencia es más prevalente. Además, contar con un observatorio puede fomentar la cooperación entre diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, creando un frente común contra el delito.

ENS: Como consecuencia de la tala indiscriminada, ¿cuál es el impacto ambiental en Colombia?

GJJR: El tráfico de madera en Colombia es un problema que afecta a diferentes aspectos de la sociedad y del entorno. En primer lugar, desde el punto de vista financiero y económico, el tráfico ilegal de madera tiene un impacto significativo en la economía del país. Según un informe de la organización Global Forest Watch, Colombia pierde alrededor de 53.000 hectáreas de bosque cada año debido a la tala ilegal. Esta deforestación no solo afecta a la biodiversidad y al ambiente, sino que también tiene un impacto en la economía del país, ya que se pierden oportunidades de empleo en el sector forestal y se reduce la capacidad de Colombia para beneficiarse de sus recursos naturales de forma sostenible.

En cuanto al aspecto social, el tráfico de madera también tiene consecuencias negativas para las comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento. La tala ilegal puede provocar conflictos entre comunidades locales y empresas madereras, así como desplazamientos forzados de poblaciones indígenas y campesinas que dependen de los bosques para su subsistencia.

ENS: ¿Con la deforestación se afecta la salud?  

GJJR: Desde el punto de vista sanitario, la deforestación causada por el tráfico de madera puede tener efectos devastadores en la salud de las comunidades locales, ya que se altera el equilibrio ecológico de la región y se aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. y la malaria.

En cuanto a la seguridad, la tala ilegal puede tener consecuencias para la seguridad de las comunidades locales, ya que puede provocar conflictos armados entre grupos delincuenciales que se disputan el control de los recursos naturales de la región.  Por último, en cuanto al entorno físico, la deforestación causada por el tráfico de madera puede tener impactos en las infraestructuras críticas y en los recursos naturales de la región, como fuentes de agua y suelos fértiles.