La ratificación del billonario fallo fiscal de la Contraloría General por las demoras e irregularidades que se investigan en la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, dada a conocer este viernes, y que entre otros involucra al candidato presidencial Sergio Fajardo en su calidad de exgobernador de Antioquia, puede significar un viraje determinante en la campaña presidencial.
Inclusive, el ente de control advierte que se verificó un detrimento patrimonial por algo más de tres billones de pesos y un lucro cesante por un billón adicional, cifras, todas, descomunales. De hecho es el fallo fiscal más alto en la historia del país.
El fallo, no obstante, tiene revisión automática de legalidad por parte del Consejo de Estado, lo cual puede tomar algún tiempo, acorde con los procedimientos internos. Y será en esa instancia máxima que se revise, tanto el fondo como el debido proceso para llegar a las conclusiones de la entidad de control.
De otra parte, Fajardo, una de las cartas fijas en la contienda presidencial actual y ficha clave de la llamada Coalición de la Esperanza, puede recurrir a varias alternativas jurídicas para defender su candidatura de un dictamen que, como primera consecuencia, le podría impedir inscribir su candidatura si para ese momento no están pagados los 4,3 billones de pesos de multa. No está claro, sin embargo, si esa posible inhabilidad también podría impedirle inscribirse para participar en las consultas interpartidistas de marzo próximo en donde las coaliciones deben escoger sus candidatos únicos a la Casa de Nariño.
Alternativas
Las opciones de Fajardo para poder seguir en la carrera presidencial serían: una tutela que de inmediato ampare sus derechos políticos, alegando que le están cercenando los derechos fundamentales; pedir la nulidad del fallo fiscal de la Contraloría ante el mismo Consejo de Estado, con suspensión provisional de sus efectos incluida; o recurrir a las instancias internacionales para garantizar su permanencia en la justa electoral, alegando la protección universal al derecho a elegir y ser elegido.
En caso favorable, cualquiera de las tres posibilidades le permitiría a Fajardo, en efecto, mantenerse como alternativa para el próximo período presidencial y, al mismo tiempo, enfrentar el fallo fiscal.
De hecho, desde la suspensión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, hace unos años, la jurisprudencia nacional e internacional ha virado a que las decisiones de entidades administrativas, como las de los organismos de control, no pueden interferir en los derechos políticos. Y por eso Petro retornó entonces a la alcaldía tras unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), amparada en un artículo del Convención de San José.
Ahora bien, aquí debe hacerse una diferenciación entre lo que es un mandatario en ejercicio (como lo era Petro al momento del fallo de la Procuraduría que lo sacaba del cargo y por el cual recurrió a la CIDH) y un particular que es candidato a determinado cargo de elección popular, como lo es hoy Fajardo.
Reacción de Fajardo
Tras conocer que la Contraloría ratificó el fallo de responsabilidad fiscal, el candidato reaccionó a la medida.
“Tras conocer que la Contraloría General, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango en contra de 26 personas, entre las cuales me incluyen, estudiaremos a profundidad las 2.106 páginas del mismo para tomar decisiones legales y políticas correspondientes”, afirmó en un comunicado.
Agregó que "… una vez tengamos claridad sobre las implicaciones de esta decisión, convocaremos una rueda de prensa para informar los pasos que tomaremos".
“La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren. Colombia va a cambiar”, puntualizó.
Por su parte, la Coalición de la Esperanza, mediante otro comunicado, dio completo apoyo a Fajardo "En la Coalición de la Esperanza reiteramos nuestra plena confianza en la trayectoria de Sergio Fajardo y sus correctas Actuaciones", señaló ese bloque político.
Resaltó que "como gobernador y alcalde de Medellín ha demostrado un férreo compromiso en la lucha contra la corrupción y confiamos en que las instancias correspondientes se demostrará la rectitud de su comportamiento".
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Largo camino
Como se ve, el fallo que Hidroituango, que condena fiscalmente a 26 personas naturales y jurídicas (entre ellas Fajardo), puede impactar de manera sustancial la campaña por la sucesión de Iván Duque en la Presidencia.
No hay que olvidar que en la contienda anterior Fajardo estuvo cerca de pasar al balotaje, con casi 4,6 millones de votos en la primera vuelta. Inclusive solo quedó separado de Gustavo Petro por menos de 270 mil votos.
A raíz de esa derrota, sin embargo, sugirió que se retiraría de la política. Aun así, con el paso de los meses retomó sus actividades proselitistas, hasta ocupar hoy el segundo lugar en las encuestas, detrás de Gustavo Petro, como miembro de la Coalición de la Esperanza y pendiente de definir su candidatura oficial en las consultas de marzo.
Sin embargo, en los últimos meses se la ha complicado no solo el panorama político sino el jurídico.
De un lado, está el caso Hidroituango, que tanto en primera como en segunda instancia lo encuentra responsable junto a otras 25 personas naturales y jurídicas.
Y, por otra parte, también tiene pendiente un proceso penal por un canje de deuda cuando era gobernador.
De hecho, el próximo 6 de diciembre debe acudir a la Corte Suprema de Justicia para su audiencia de formulación de cargos, por irregularidades en contratación cuando era gobernador de Antioquia. Se le sindican los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El ente acusador señala a exgobernador de firmar un contrato de empréstito o préstamo con la entidad bancaria Corpbanca por 77 millones de dólares, sin tener los estudios para hacerlo bajo una moneda extranjera ni proyección de la volatilidad del dólar.
“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba $1.926. En 2015, su valor superaba los $3.140. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de $320.000 millones. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de $600.000 millones a cerca de $1.2 billones”, dijo la Fiscalía.
Hace unas semanas el propio precandidato presidencial confirmó la noticia, diciendo que celebraba "que la Corte Suprema de Justicia nos haya citado para el próximo 6 de diciembre a audiencia de formulación de acusación después de más de 5 años de investigación".
"La Corte es el escenario natural para defenderme y demostrar que se equivoca la Fiscalía", afirmó Fajardo,
Sobre esa acusación, Fajardo afirmó que el ente acusador debe mostrar las evidencias del caso: “Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y que la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra, pues pese a nuestra insistencia, ha sido imposible lograr que la Fiscalía las comparta”, señaló.