Mediante una carta diferentes rectores de las principales instituciones universitarias del país, firmaron una proposición en la cual hacen un llamado al dialogo a los distintos actores sociales involucrados en la crisis nacional y manifiestan su voluntad de participación en la construcción de un acuerdo que beneficie a la mayoría de colombianos frente a la crisis.
Las instituciones proponen los siguientes puntos:
- Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente
Es indispensable proponer e implementar una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables, y que contribuya a la reactivación económica del país y al desarrollo sostenible y con equidad de los territorios.
- Derecho a la salud y sistema de salud
A partir del reconocimiento de las debilidades del sistema de salud del país, debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos de mercado.
- Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática
El Estado Social de Derecho, con su amplio reconocimiento de derechos, es el marco jurídico apropiado para Colombia, pero su eficacia requiere garantizar efectivamente la separación de poderes y la autonomía de los órganos de control. De la misma forma, es necesario avanzar en los diálogos sociales con el fin de alcanzar los consensos fundamentales que se requieren para asegurar la legitimidad de la democracia.
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- Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática
Es indispensable avanzar en las reformas políticas necesarias para cumplir con lo pactado en el Acuerdo y defender el derecho a la paz de todos los colombianos. Esto requiere hacer real la participación ciudadana en la construcción de la nación, la protección de la vida de líderes y lideresas sociales y reincorporados, el desarrollo rural con un enfoque territorial y la construcción de Estado en los territorios.
- Estado de Derecho, protesta social y Fuerza Pública
Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás Derechos Humanos para todos los ciudadanos, asegurando el derecho a la protesta social y la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos y privados.
- Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento
Asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Las universidades debemos asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país.
A su vez, el comunicado hace un llamado a la conversación: “Llamamos a los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la actual coyuntura de crisis nacional a fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social”.