No se puede apelar al Acuerdo de Paz con Farc para imponer otras reformas: Uribe | El Nuevo Siglo
Foto: El Nuevo Siglo- Catalina Olaya
Domingo, 2 de Junio de 2024

EL EXPRESIDENTE Álvaro Uribe, salió nuevamente en contra de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, que en el año 2016 permitió la firma de la paz con ese grupo armado.

Al respecto, Uribe explica “Lo acordado fue rechazado en el plebiscito, lo firmó el gobierno de la época pero tuvo el trámite acto de jurídico complejo en el cual intervinieron órganos diferentes del Estado. El congreso como constituyente aprobó el Fast track, el cual además como órgano político aprobó la proposición, nunca ley que ratificó el acuerdo derrotado en el plebiscito popular”.

Otro de los aspectos, sobre los cuales el expresidente llamó la atención tienen que ver con la aprobación que hizo la Corte Constitucional de la proposición anterior, así como también de otras piezas que hacen parte de la cuerda final.

“Muchos seguimos sin entender una proposición política del Congreso sometido al Ejecutivo enmendó una decisión popular del plebiscito, el carácter de acto jurídico complejo niega que el Ejecutivo pueda adjudicarse la facultad de citar por fuera del ordenamiento jurídico vigente, una constituyente o toma cualquier clase de decisión contra la Constitución como sería la prórroga del periodo presidencial”.

Según dijo el exmandatario, “este proceso es ‘ilegítimo’, ya que no se trata de un acuerdo internacional o especial, pese a la interpretación específica que se le pueda dar a la Jurisdicción Especial Para la Paz”.

Entrega de tierras

El principal líder del Centro Democrático, además, sostuvo que el pueblo fue engañado al momento de participar de la iniciativa popular, así como algunas ramas del poder público a las cuales el gobierno de ese entonces ignoró.

“No podemos aceptar que con la apelación al acuerdo con Farc se impongan unas reformas que avancen en la dirección de empobrecer a todos los ciudadanos, el gobierno tiene ofrecida más de 600.000 hectáreas de tierra, el riesgo no es que no se las vendan, el riesgo es que por temor inseguridad de impuestos le quieran vender todo el país y dejar la seguridad alimentaria sin empresariado rural”.

De la misma manera, Uribe no ocultó su preocupación por el cobro de los avalúos catastrales los cuales según él avanzan a altos niveles casi al punto de la expropiación de tierras.

“El saneamiento del territorio y la variable ambiental depende de gobiernos que aciertan y no de acuerdos con Farc, el reporte de la Comisión de la Verdad, es un juicio al estado y una justificación de la acción criminal de Farc”.

El acuerdo y la JEP

Finalmente, el expresidente se refirió al papel que ha venido cumpliendo la JEP tras la firma del acuerdo de paz, y además mencionó las investigaciones que adelanta ese tribunal sobre los hechos relacionados con los falsos positivos.

“La JEP ha cumplido la tarea de humillar a las Fuerzas Armadas, además ha consolidado la impunidad absoluta de Farc, con congresistas responsables de delitos atroces como el reclutamiento y la violación de niños, estos congresistas ni siquiera han recibido las sentencias irrisibles del acuerdo. El tema de la JEP por la naturaleza de delitos de lesa humanidad que debe examinar, derivan obligaciones del Derecho Internacional Humanitario, las cuales las tiene que cumplir Colombia con o sin el acuerdo, con o sin la JEP”.

Desde un principio, cuando el mismo Uribe reveló que el gobierno de Juan Manuel Santos estaba adelantando acercamientos con los miembros del secretariado de la entonces guerrilla Farc. El máximo dirigente del Partido Centro Democrático mostró su inconformismo con las negociaciones que se desarrollaron con ese grupo armado, considerando que estaban dando demasiados beneficios a una organización ilegal que había causado enormes daños a la sociedad tras más de 50 años de guerra, y quienes debían pagar penas de cárcel por sus delitos relacionados con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el terrorismo, así como también el asesinato de miembros de la Fuerza Pública y civiles.