En la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría General presentó un documento soportado en estudios y conceptos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, producidos en los últimos seis meses y que el Gobierno Nacional ocultó.

Tales documentos acreditan que no existen los presupuestos que la Corte Constitucional exige para aplicar el principio de precaución y suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato.  

Se trató de una decisión política, no jurídica, ni científica. Una decisión carente de la carga argumentativa que exige la Corte Constitucional, por tal razón una vez se expida el acto administrativo correspondiente la Procuraduría General de la Nación lo demandará ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

El Gobierno Nacional debe decirle al país con honestidad el propósito de esa decisión política, que satisface una exigencia reiterada de las FARC y que ese grupo terrorista celebra.

Volvimos al pasado.

La Procuraduría advierte sobre las consecuencias de esa decisión:

1. Deteriora aún más la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Más coca es más dinero para las FARC, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo.

2. Deteriora aún más la seguridad en las ciudades. El aumento de la producción de coca, sumado a la eficacia de la interdicción área y marítima que realiza la fuerza pública, se traducirá en mayor importancia del consumo interno de estupefacientes para los narcotraficantes. El resultado será mayor consumo, en un país en que el consumo ya está en alarmante crecimiento especialmente en los jóvenes. Aumentará el microtráfico y con ello las bandas delincuenciales en las ciudades. El agravamiento del deterioro ya existente de la seguridad ciudadana se deberá a esa decisión.

El Gobierno Nacional ordenó adoptar esa determinación sin tener un plan que garantice al menos la misma eficiencia en el combate a los cultivos ilícitos. La consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos padecerán los gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y campos.

La Procuraduría  recuerda  a los funcionarios encargados: la lucha contra los cultivos ilícitos, independientemente de los mecanismos que se empleen, es un deber legal, no una potestad política.