El hecho de que el Gobierno concentrara sus energías principalmente  en solo dos proyectos: Plan Nacional de Desarrollo y la reforma de equilibrio de poderes, explica el modesto balance que entregará esta primera legislatura del Congreso, que está a un mes de finalizar, en comparación a igual periodo de la anterior administración de Juan Manuel Santos, cuando presentó y sacó adelante un agresivo y ambicioso paquete de reformas.

Por otra parte, la agenda parlamentaria a pesar de ser voluminosa y dispersa, tampoco tiene mucho qué mostrar con excepción de unas cuantas iniciativas que por sus implicaciones son de buen recibo por parte de la ciudadanía, como son los proyectos que buscan incentivar la donación de órganos y otro que endurece las penas por ataques con ácido a personas.

No obstante, la gran mayoría de iniciativas de ley que ha presentado algunas bancadas o intentos solitarios de los congresistas no ha tenido prácticamente debate, mostrando nuevamente de esta forma que el Ejecutivo es el que pone a bailar al Parlamento a su ritmo, por lo que el tiempo apenas ha alcanzado para discutir básicamente el denso y polémico proyecto de equilibrio de poderes y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, no menos voluminoso.

Incluso como se recordará, el presidente Santos llamó a sesiones extras al Congreso en febrero pasado para que comenzara a discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, el cual concentra las principales políticas e inversiones que adelantará en su segundo mandato. En ese sentido, tras una ardua discusión en las comisiones terceras y cuartas, en el marco de la cual las diferentes regiones y sectores buscaron sacar la mejor tajada, esta iniciativa logró ser aprobada por las plenarias  del Senado y la Cámara de Representantes a principios de este mes, al borde del plazo que otorga la ley para su trámite.

Equilibrio de poderes

La contundente respuesta que dio ayer el Presidente a los detractores del equilibrio de poderes, en el sentido de que “el proyecto no se va a echar para atrás. El proyecto continúa”,  dejaría sin piso alguno la propuesta que hizo la semana anterior la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que pidió al Congreso retirar del proyecto lo que compromete a la justicia y mejor a continuación convocar una asamblea nacional constituyente para que se ocupe específicamente de adelantar una verdadera reforma judicial, en veremos desde el año 2012, cuando el propio Parlamento la hundió por los micos que le metieron en la etapa de conciliación.

Sin embargo, mientras que la propuesta de la Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes de las cuatro altas Cortes, el Fiscal General de la Nación y el representante de los trabajadores de la Rama, parece diluirse porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia desautorizaron a su presidente Leonidas Bustos, por comprometerse en apoyar la propuesta de que se convoque una constituyente para reformar la justicia, lo que podría replicarse en las próximas horas en el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura; el fiscal General, Eduardo Montealegre, parece seguir empeñado en demandar el proyecto de equilibrio de poderes si es aprobado por el Congreso, por considerar que es una “colcha de retazos” y que además es inconstitucional.

En cualquier caso, aunque la decisión del Presidente es sacar adelante en el Congreso su proyecto estrella, la postura que asumió es dialogar con las Cortes y el Fiscal tratando de buscar consensos sobre el particular. Les ha dicho a los ministros que “faciliten la discusión entre el Congreso y el Poder Judicial. Es decir, vamos como facilitadores, que nosotros podamos contribuir a seguir enriqueciendo esa discusión y terminar con un buen proyecto de acto legislativo que se apruebe al final de esta legislatura”.

En tanto que Santos también le envió un mensaje directo al Fiscal General, “tampoco hace bien que haya confrontación con los órganos de control, no con la Procuraduría ni con la Fiscalía, si tienen observaciones sobre cualquier tema que las pongan sobre la mesa en forma respetuosa, en forma constructiva”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó el llamado a las altas Cortes a dialogar sobre esta importante iniciativa. “Invitamos al diálogo sereno, al diálogo prudente, a que cada quién exprese sus opiniones en cumplimiento de sus funciones y sus competencias y en esa línea esperamos que mañana o el miércoles se haga una reunión entre las Cortes y el Congreso para hacer una revisión del proyecto”, dijo Cristo.

Precisamente, ayer fue citada de manera extraordinaria la Comisión Interinstitucional de Justicia con el fin de analizar si se mantienen en la postura que manifestaron la semana anterior sobre el proyecto de equilibrio de poderes o aceptan el llamado del Gobierno de presentar propuestas para mejorar el articulado en lo que tiene que ver con la justicia.  

El proyecto de equilibrio de poderes es la apuesta de reforma constitucional más importante que ha presentado hasta el momento el gobierno Santos a este Congreso. La iniciativa elimina la reelección presidencial y de contera la reelección en todos los altos cargos públicos.

También suprime la inoperante Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que debe ser reemplazada por un tribunal de aforados, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura.

Igualmente y a raíz de los recientes escándalos que se han presentado en la rama judicial, como ha sucedido con el caso del togado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, elimina la puerta giratoria en las altas Cortes y establece nuevos y más severos requisitos para ser magistrado.

Equilibrio de poderes también trae reformas en materia electoral y política.

Pero también amenaza de lluvia hay sobre el Plan Nacional de Desarrollo, del cual la semana pasada fue aprobada la conciliación por las plenarias del Senado y la Cámara. Los partidos Polo Democrático y la Alianza Verde anunciaron demandas ante la Corte Constitucional por presuntos vicios de trámite.

“Ninguna de las 120 proposiciones, ni los 36 artículos nuevos que presentó el Polo Democrático, fueron leídos ni discutidos durante la sesión plenaria”, dijo el senador Alexánder López.

En tanto que la senadora del partido Verde, Claudia López, dijo que “la famosa acta de conciliación está hecha en una servilleta. Es vergonzoso. No cumple con ningún requisito legal. El informe presentado tampoco cumple con los requisitos legales”.

 Las cifras hablan

El balance del pasado Congreso en la primera legislatura (20 de julio 2010-16 junio 2011) fue más que bueno, pues fueron aprobadas 67 leyes y 5 reformas constitucionales, de estas últimas tres de iniciativas gubernamental: la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión, la adopción del principio de la sostenibilidad fiscal y la reforma del Sistema General de Regalías.

En tanto que en el actual Congreso hasta el momento no ha aprobado la primera reforma constitucional, a pesar de que se tramitan varias iniciativas de origen gubernamental y parlamentario.

Sin embargo, al terminar esta legislatura se prevé que al menos se aprueben dos reformas a la Carta Magna: el proyecto de equilibrio de poderes, que ya cumplió seis debates y le faltan los dos últimos en la Cámara de Representantes, al igual que la reforma al Fuero Penal Militar que también le restan dos debates en la Cámara.

También se queda corto el actual Parlamento en materia de leyes aprobadas en lo que va corrido de esta legislatura, pues apenas 27 han sido sancionadas. Aunque seguramente en el mes que resta de sesiones, un buen número de ellas recibirán la rúbrica presidencial, de todas formas no alcanzarán las 67 que se logró en igual periodo del anterior Legislativo.

Mirando a la segunda legislatura, que arranca el próximo 20 de julio, el panorama no es muy halagüeño en materia de producción legislativa porque estará cruzado por las elecciones territoriales de octubre, que prácticamente abarcará la actividad política durante todo el segundo semestre de este año, incluyendo a los congresistas que dividirán su tiempo entre la actividad de campaña a favor de sus candidatos y la actividad en el Capitolio, que como siempre resultará perjudicada esta última con proyectos frenados, ponencias que no se presentan y la falta de quórum en muchas de las sesiones.

El bajón cuantitativo en el paquete de proyectos que el Gobierno radica en el Congreso no debería entenderse necesariamente como una falencia, pues si bien hay una sensible reducción en comparación a 2010, hay que recordar que en ese momento era una administración nueva que necesitaba un buen número de reformas para sacar adelante sus principales políticas, lo cual hoy no se requiere en la misma escala porque el segundo mandato de Santos está más enfocado en las ejecutorias.

No obstante, no son pocas las voces que han criticado al Gobierno nacional por dedicar casi todos sus esfuerzos a sacar adelante en el Congreso el proyecto de equilibrio de poderes, una iniciativa que desde un comienzo tuvo detractores tanto por el calibre de los temas que aborda como también como las soluciones que plantea. Como es el caso del tribunal de aforados, que después de seis debates hay muchos que consideran que el remedio puede ser peor que la enfermedad, haciendo referencia a la actual Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

En ese sentido resultaría descabellado para el Ejecutivo atender el llamado de las altas Cortes y el Fiscal para hundir el proyecto de equilibrio de poderes, que justamente es su principal apuesta en este Congreso.

Empero el Gobierno se ha mostrado satisfecho con la suerte que ha tenido su agenda legislativa hasta el momento, pues al cierre del primer periodo de esta legislatura, en diciembre pasado logró hacer aprobar 10 proyectos de ley, como el de acto legislativo de equilibrio de poderes (en primera vuelta), la ampliación en el tiempo de la Ley de Orden Público, el fortalecimiento del Fuero Penal Militar (aprobado en primera vuelta), la reforma tributaria, el TLC con Corea del Sur y el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, así como la ley que garantiza recursos frescos para la rama judicial.

Proyectos anunciados del Gobierno que no llegan

. Examen para ejercer la profesión de abogado y para mejorar la formación profesional de los abogados.

. Ley  de desarrollo rural que adopta un enfoque territorial.

. Reforma tributaria integral.

. Reforma pensional.

. Reforma de las CAR.

. Código Minero.