Añadió que este proyecto de reforma “no resuelve las hondas dificultades estructurales que hoy tiene la justicia y no contempla las reformas constitucionales necesarias para afrontar los retos que traería un posible escenario de posconflicto en nuestro país”.

Por ello y por considerar que esta iniciativa gubernamental, a la cual el Congreso ya le dio luz verde hasta el momento en seis de ocho debates, no logra corregir el desajuste del modelo actual de equilibrio de poderes, “esta Comisión propone la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado a los temas de justicia, en los términos del artículo 376 de la Constitución Política de 1991. Una Asamblea que deberá  garantizar la participación activa y directa de  los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz, para que las reformas necesarias  a la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural. Esto, con el fin de asegurar la verdadera construcción de soluciones que surjan de la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento y el debate informado de los ciudadanos”.

Esta comisión considera también que el proyecto de reforma al equilibrio de poderes implica una sustitución de la Constitución, porque varias disposiciones normativas reemplazan la distribución original del poder adoptada por el Constituyente originario y minan la existencia de controles recíprocos entre las diferentes ramas que conforman nuestro Estado, lo cual lleva a concentrar el reparto del poder en las ramas Ejecutiva y Legislativa.

Además, “su trámite es inconstitucional porque viola los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible. El actual proyecto ha sufrido drásticas modificaciones desde su presentación hasta el sexto debate y, se han incorporado disposiciones que no fueron objeto de discusión en la primera vuelta, lo cual podría suponer la desviación de la voluntad original del constituyente derivado”.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial está integrada por los presidentes de las altas Cortes: Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos; Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz; Consejo de Estado, magistrado Luis Rafael Vergara; Corte Constitucional, magistrada María Victoria Calle (e). Así como el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre; y el representante de los trabajadores de la rama, Humberto López.

Gobierno seguiría su agenda

Precisamente a la hora en la tarde de ayer que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial presentó esta propuesta, en la Casa de Nariño se reunía el presidente Santos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con algunos ponentes para séptimo debate en la Cámara del proyecto de equilibrio de poderes.

A pesar de que al cierre de esta edición el Gobierno nacional ni el Congreso se manifestaron sobre la propuesta de las altas Cortes, extraoficialmente se conoció que seguiría de forma invariable en el Congreso la discusión de este proyecto.

Sin embargo de tiempo atrás el gobierno del presidente Santos ha rechazado que la reforma a la justicia se adelante por medio de una asamblea nacional constituyente, como lo ha propuesto la bancada del Partido Centro Democrático.

También ha rechazado de plano convocar una asamblea nacional constituyente para que se ocupe de aprobar o improbar los acuerdos a que se pueda llegar en la negociación de Paz en La Habana, como lo han propuesto las Farc.

Hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo ratificó el comportamiento que desde el principio a tenido este Gobierno y rechazo la propuesta de las Altas Cortes y el Fiscal General, aseguró que la reforma al equilibrio de poderes seguirá su trámite en el Congreso.

Reformas independientes

La directora Ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia, María del Pilar Arango, vio con buenos ojos la propuesta de la Comisión Interinstitucional al Congreso de archivar del proyecto de equilibrio de poderes lo que toca la justicia.

“Nosotros hemos manifestado la misma crítica que por qué tenemos que estar al tiempo el tema de justicia con el político, eso lo hemos dicho desde un comienzo pero no ha tenido eco. La verdad no debería ser una sola reforma sino dos”.

En cuanto a la propuesta de convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia, la jueza Arango dijo que tendría que ser con muchas limitaciones y con mucho tino para que no vaya a terminar desbordado.  “Esa es como la crítica que siempre se la he hecho a la posibilidad de una asamblea constituyente que se desborde y termine haciendo lo humano y lo divino”.

Arango finalizó diciendo que “no nos suena mucho que de una se esté hablando de asamblea, por qué no podría ser otra reforma independiente”.

Una buena reforma

Como improvisada calificó el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, el proyecto de equilibrio de poderes que discute el Congreso de la República. “No conozco ningún soporte de por qué abre todas esas estructuras, de por qué crean esa sala de gobierno, por qué esa junta administradora, por qué abren esa dirección judicial, en fin”.  

Añadió el exmagistrado que lo que ha podido percibir de la discusión del proyecto de equilibrio de poderes en lo que corresponde a la justicia es que están “permanentemente variando como si no tuvieran una concepción unitaria”.

Dijo también que en esta iniciativa hay una desigualdad muy grande y es que “si bien es cierto que se llama equilibrio de poderes, pero es que el poder judicial es todo: desde el primer juez en el municipio más apartado de nuestra República hasta el último magistrado de Corte. Y simplemente se toman algunos aspectos que tienen que ver con la administración de justicia en la cúpula, pero al ciudadano se le deja de lado, el ciudadano no existe en la reforma”.  

Torres Corredor dijo que estas críticas no quieren decir que no se requiera la reforma o que la rama no esté dispuesta a ella, “se necesitan reformas pero reformas fundadas”.

Añadió que “no sé cuál es el mejor mecanismo, si el Congreso o una asamblea constituyente, peor si se necesita una reforma a la justicia, pero integral, no por pedacitos”.

Es parcial lo que hace el Congreso

Los cambios en la justicia que aborda el proyecto de equilibrio de poderes es algo muy parcial sin que atienda la complejidad de la verdadera reforma a la justicia que requiere el país, consideró Fernando Enrique Arboleda Ripoll, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

“Es un tema muy puntual, que es como del juzgamiento de los aforados, pero que como todo el mundo lo observa y lo hace ver, el problema de la administración de justicia va mucho más allá. Ahora frente a la propuesta también de lo que es la reforma al gobierno de la administración de justicia, como las reformas al Consejo de la Judicatura y demás, pues conceptualmente uno piensa que resulta oportuna la reforma, pero sin duda que son aspectos muy parciales y la crisis de la administración de justicia en Colombia es una cosa muy profunda. La prueba está en todos los intentos fallidos por reformarla en los últimos tiempos por la incapacidad del Congreso de hacer una reforma lo suficientemente comprensiva del cúmulo de problemáticas que vive en la actualidad”.

Por eso dijo que “sería recomendable el tema de la constituyente y daría también lugar a considerar si lo que se ha planteado de la reforma que cursa en el Congreso en este momento, pues es muy parcial, y vaya uno a calcular si no se le estará introduciendo por esa vía un mayor número de disfuncionalidades”.

Supuestos vicios

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial considera que el proyecto de equilibrio de poderes presenta en su trámite una serie de vicios porque según ella ha sufrido drásticas modificaciones desde su presentación hasta el sexto debate y se han incorporado disposiciones que no fueron objeto de discusión en la primera vuelta, lo cual podría suponer la desviación de la voluntad original del constituyente derivado.

Pero también señala varios peros por disposiciones que considera inconveniente:

. Crea una Comisión de aforados que no resuelve los inconvenientes actuales de la justicia, debido a que tendrá la misma estructura y funcionamiento de la actual Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Es decir, crea un nuevo órgano con los mismos vicios y límites que tiene el actual, sin permitir que se logre una pronta y expedita administración de justicia. 

. El actual proyecto es improvisado en cuanto al diseño de las nuevas entidades que reemplazarán al Consejo Superior de la Judicatura, puesto que las tareas que desempeña el Consejo actual son repartidas indiscriminadamente en un amplio grupo de entidades, lo que sin duda va a generar mayor caos y congestión en la administración de justicia. A juicio de esta Comisión, esta reforma es improvisada y no tiene sustento en estudios e investigaciones serias que justifiquen las propuestas.

. Menoscaba profundamente la carrera judicial, la cual constituye una conquista de la Constitución de 1991, situando sin ningún antecedente en el derecho comparado el nombramiento de todos los jueces y empleados de la rama judicial en un funcionario de cuarto nivel de la nueva estructura proyectada.

. No soluciona los actuales problemas de la justicia y no está pensado para el posconflicto. La solicitud que presentará la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a la H. Cámara de Representantes hace hincapié en que sí se quiere la paz y alcanzar un escenario de posconflicto garante de los derechos de las víctimas, la reforma al equilibrio de poderes debe permitir que la administración de justicia se adecue a los retos y dificultades que traerá la desmovilización de los armados, así como la atención y reparación de las víctimas del conflicto.