La Administración Pública es un ejercicio de responsabilidad. Hay que tomar decisiones, algunas de las cuales resultan de buen recibo para la ciudadanía y otras no, circunstancia que es connatural a la función de gobernar. Lo importante, en todo caso, es que, al final, prime la objetividad pública, la institucionalidad y, obviamente, el interés general de beneficiar y proteger los derechos de toda la población.

Un ejemplo de ello, es lo que ha ocurrido en la capital del país en la última semana con dos temas de alto impacto público. Aunque desde varios sectores capitalinos y de los municipios circundantes se urgía flexibilizar el racionamiento preventivo de agua, más aún porque en los dos meses recientes ha subido el nivel de los embalses del sistema agregado Chingaza, la alcaldía distrital, cifras y proyecciones en mano, decidió que los cortes rotativos del servicio solo se suspenderán por dos semanas, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. La razón es sencilla: la crisis de disponibilidad y suministro ha disminuido, pero persiste y, por lo tanto, hay que ser precavidos y continuar con la estrategia de ahorro obligatorio para no tener problemas graves en el primer trimestre del próximo año.

También ocurrió algo similar con la medida de ‘Pico y Placa’, que suele suspenderse entre los fines de diciembre y comienzos de enero. Ayer la administración de Carlos Fernando Galán informó que la restricción vehicular se mantendrá en sus horarios y rotaciones normales. Por un lado, porque así se garantiza que en esta época festiva no se disparen los trancones, y por otro, porque resulta ilógico levantarla en una ciudad que tiene hoy 557 frentes de obra activos, incluyendo la primera línea del Metro y las troncales y extensiones de Transmilenio.

Puede que estas decisiones tengan sus críticos, pero es claro que se toman bajo el principio de responsabilidad, dejando de lado salidas populistas o de simple conveniencia política o mediática.