Solo el proceder criminal y bárbaro de la guerrilla del Eln puede mantener un ‘paro armado’, que afecta a más de cien mil personas, en el mismo departamento en el que el invierno tiene en emergencia a la mayoría de sus municipios.

Es claro que con este tipo de acciones indolentes y prepotentes esa facción subversiva lo que quiere es aplicar un eje de presión a la recién descongelada mesa de negociación. Se denota así un discurso de doble rasero en el Eln. Por un lado, sus cabecillas y delegados en las tratativas de paz hablan de la urgencia de medidas para desescalar el conflicto armado, pero, por otro, ordenan a sus frentes arreciar el terrorismo, la sevicia y la afectación de las personas más pobres y vulnerables. En este caso, las comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca media del río San Juan.

Hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es el magistrado Gerson Chaverra (oriundo de este departamento), denunció ayer la grave situación humanitaria y de emergencia invernal que sufren los chocoanos.

El Alto Tribunal lamentó “tanta indolencia” y demandó del Eln el levantamiento de las acciones violentas y el cese del bloqueo territorial para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria.

El Gobierno no puede limitarse solo a condenar la actitud violenta de esta guerrilla ni tampoco a quejarse, de forma débil y vergonzante, porque no “colabora”. Por el contrario, está en la obligación de enviar las tropas suficientes a la zona para repeler la acción subversiva, sobre todo porque son varios los ‘paros armados’ que ha impulsado este año. No importa qué pase o no en la mesa de negociación. El Estado no puede seguir tolerando que el Eln haga todo lo que se le antoje en Chocó, sin Dios ni ley. Hay que recuperar el territorio.