Uno de los mayores problemas en la aplicación de justicia en Colombia se refiere a que una parte de la normatividad es arcaica, no responde a las particularidades y realidades de la conflictividad actual o, incluso, ha sido reformada de manera aislada e incoherente, no pocas veces bajo el flagelo del populismo legislativo o la interpretación subjetiva de la jurisprudencia, generando verdaderas ‘colchas de retazos’ que les restan funcionalidad y eficacia a los códigos, estatutos y leyes. ¿El resultado? Morosidad e impunidad en índices graves.

En medio de todo ello resulta una buena noticia para el país que en el Congreso esté casi aprobado –solo falta la instancia de conciliación entre las plenarias de Senado y Cámara– el proyecto de ley, impulsado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que establece un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Se trata de un hito en la legislación, según lo destacó el propio alto tribunal, cuyo presidente es el magistrado Gerson Chaverra, al considerar que la iniciativa, representa un avance transcendental en la legislación laboral y garantiza una justicia especializada con las mejores herramientas para responder de manera pronta y efectiva a los procesos, protegiendo de manera equilibrada los derechos de todas las partes.

Lo más importante es que este proyecto fue construido con la participación de jueces, magistrados, académicos, centrales obreras, sindicatos y empleadores, al tiempo que contó con la participación objetiva y proactiva de las distintas bancadas parlamentarias.

Entre los aspectos más destacados está la aplicación de la sentencia anticipada en los procesos laborales, así como la vía libre para utilizar en actuaciones, audiencias y demás diligencias herramientas de tecnologías de la información, virtualidad e incluso inteligencia artificial. También reajusta la procedencia de los recursos extraordinarios de casación y de segunda instancia.