Se agota la cuenta regresiva para la instalación de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en donde se negociará el aumento del sueldo mínimo mensual para 2025. En medio de planteamientos sindicales radicales que, incluso, prevén exigir un incremento por encima del 10%, pese a que la inflación anualizada (últimos doce meses) está en 5,41%, el anunció del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en torno a que la discusión debería arrancar sobre la base de un 6,2%, debe resaltarse.

De hecho, varios dirigentes gremiales saludaron esta primera postura gubernamental y la consideraron un paso en la dirección correcta para lograr una concertación, que debe ser el norte de la Mesa, en lugar de apostar por un pulso desgastante entre empleadores y centrales obreras que lleve, indefectiblemente, a fijar el alza por la vía del decreto.

Una base del 6,2% para el incremento del sueldo básico es una propuesta realista, que atiende no solo a una curva inflacionaria a la baja, que podría cerrar el año alrededor del 5% (entre enero y octubre va en 4,44%), sino porque refleja un escenario empresarial en el que es muy posible que el índice de productividad no sea positivo, como ocurrió en 2023. Con una economía que apenas crecería este año 1,5%, prever un dato mayor resulta ilógico.

Consejo Gremial y sindicatos tienen ahora la palabra, más aún porque este año hay un elemento adicional a considerar: el proyecto de reforma laboral que cursa en tercer debate en el Senado y que podría aumentar los costos de nómina y producción en más del 20%, según estudios. Esta es una circunstancia que no se puede obviar ni minimizar en aras de un análisis objetivo de la evolución del mercado laboral, empleo, informalidad y perspectivas económicas de corto, mediano y largo plazos.