Hay regiones en donde la violencia no para un solo día. Tal es el caso del Chocó que, junto a Cauca, Valle y Arauca, son los departamentos en donde el accionar del Eln, los grupos residuales de las Farc, así como de las bandas criminales, más victimiza a la población.

De hecho, desde hoy el Eln está imponiendo un ‘paro armado’ en la región de las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, en el Chocó. Allí habitan no menos de 45.000 personas de 85 comunidades afros e indígenas.

Lo más grave es que este departamento ha sufrido este año varios ‘paros armados’ forzados por esta guerrilla, en tanto que combates y hostigamientos elenos, de las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’ han disparado casos de desplazamiento o confinamiento forzados.

La propia gobernadora Nubia Córdoba advirtió que este nuevo ‘paro armado’ recrudece la crítica situación por la que atraviesa la región por cuenta de la emergencia invernal que genera afectaciones en el 80% de los municipios, altera el transporte terrestre y fluvial y llevó a la declaratoria de un “estado de alerta” departamental. “Nuestro territorio no le pertenece a ningún grupo, nuestro territorio es de las comunidades que hoy viven un infierno en su propia tierra”, advirtió.

Lo más grave es que este ‘paro armado’ se declaró al mismo tiempo que en Caracas el gobierno Petro y el Eln reanudaron la mesa de negociación. Con toda razón la defensora del Pueblo se preguntó: ¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el Eln?

Una vez más se evidencia que el gobierno Petro y su accidentada política de “paz total” así como su deficiente estrategia de seguridad y orden público siguen perdiendo el control del territorio y la preeminencia institucional a manos de los violentos.