Tras el fracaso y los costos que ha representado la política de drogas en Colombia, se necesita un nuevo enfoque de la misma centrada en la salud pública y los derechos humanos, así lo informó la  Comisión Asesora para la política de drogas en su último informe.

Para la Comisión es claro que hay “evidencia sobre el fracaso y los enormes costos del modelo de prohibición estricta”, por lo que “es necesario promover, frente a las sustancias psicoactivas tanto legales como hoy fiscalizadas, un enfoque que sea al mismo tiempo de salud pública y de derechos humanos”.

 “Muchas de las iniciativas que se han emprendido desde esta última perspectiva han estado desconectadas unas de otras y no han contado con una plataforma política, normativa y financiera que les dé sistematicidad o sustento y las eleve al ámbito de política estatal”.

Es así como Colombia ha pasado de ser productor a ser un país consumidor, los últimos estudios revelan que entre 2008 y 2013 la población juvenil aumentó su consumo de un 3,3% a un 11,5%.

La Comisión Asesora hace un aparte para insistir en que es necesario implementar nuevas alternativas punibles para delitos menores que tengan que ver con porte o consumo de drogas, pues hacerlo permitiría aliviar las condiciones de hacinamiento y el bienestar de los derechos humanos en los centros carcelarios del país.

“resulta prioritaria y urgente la implementación de alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas, (…) lo cual podría contribuir a corregir las violaciones a los derechos humanos de los internos como consecuencia de los altos niveles de hacinamiento carcelario existentes y a hacer un uso más racional del derecho penal y de los recursos policiales, judiciales y penitenciarios disponibles”, indica el informe.