La gabinetología sigue moviéndose. En los corrillos políticos se afirma con insistencia que los movimientos de cartera serían no menos de cinco o seis y que entre ellos habría un posible cambio de cartera, que se daría en el área económica. Se sostiene, por otra parte, que entre los posibles nuevos nombres podría estar el de Carlos Cure, ex embajador de Colombia en Venezuela y quien podría recalar en el Ministerio de Comercio Exterior.
En sectores de los generales retirados se madura una propuesta para enviar una carta pública al gobierno Santos en la que preguntarán cómo se evitará que narcotraficantes se cuelen en la guerrilla en busca de acceder a bajas penas dentro de la justicia transicional pactada en La Habana o, incluso, no tener que pagar ni un solo día de cárcel.
Muy confundidos se encuentran algunos parlamentarios del Partido Liberal en torno a la posibilidad de que el expresidente César Gaviria pueda llegar a tomar las riendas de esa colectividad a partir del Congreso partidista venidero. La confusión se origina en que el año pasado varios de ellos habrían auscultado esa alternativa con el propio exmandatario y este les habría dicho, según trascendió en su momento, que no estaba entre sus planes retomar la jefatura de las toldas rojas.
Un general retirado le dijo esta semana a varios periodistas que el problema con el Eln era que su cúpula, a diferencia de lo que pasó con las de las Farc, nunca ha sido “tocada” por los ataques de la Fuerza Pública. Paradójicamente culpó de esa situación al gobierno Santos aduciendo que éste fue quien les pidió a los presidentes de Ecuador, Cuba y Uruguay que dejaran refugiar allí a la mayoría de los integrantes del “comando central” del Eln, conocido como “Coce”.
Está claro desde hace mucho tiempo que el Gobierno no tiene contemplado ningún tipo de tratamiento político a los miembros de las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”, más conocidas como Bacrim. También está claro que en la Mesa de Negociación de La Habana, uno de los subpuntos del punto “3” tiene que ver con el llamado “desmonte del paramilitarismo”, en donde la guerrilla insiste en el tema del combate más decidido a las Bacrim.
Uno de los más importantes dirigentes empresariales del país les dijo a varios periodistas durante una reunión que tuvieron para analizar “el clima del país”, que el Gobierno podría estarse equivocando en el manejo de la comunicación con la opinión pública en torno al estado real de la economía.
Un congresista uribista le adelantó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que cuando el proyecto de reforma a la Ley de Orden Público llegue a la plenaria va a pedir que se cite a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que explique ante el Congreso cuántas demandas se interpusieron contra la Nación, y el monto indemnizado, por parte de particulares afectados por lo que pasó en la zona de distensión del Caguán, que estuvo vigente desde enero de 1999 a febrero de 2002.
Todo parece listo para que la visita del papa Francisco se dé en el primer trimestre del próximo año. La agenda se terminará de confeccionar en los próximos meses en el Vaticano. Lo que no está aún claro es si la gira del Pontífice estará supeditada a que en Colombia ya se haya firmado un acuerdo de paz con las guerrillas, como lo insinuara el propio Papa en sus diálogos con los periodistas durante su reciente gira por México.
El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, apunta a ser el primer alto funcionario del Gobierno investigado por la Procuraduría a raíz de los hechos del pasado jueves, cuando varios cabecillas de las Farc realizaron en evento en el corregimiento de El Conejo, zona rural de Fonseca (La Guajira), que se supone estaba destinado para una “jornada pedagógica por la paz” con guerrilleros, pero que terminó en un acto público en el que se vieron involucrados civiles y fue evidente la presencia de insurgentes armados.
La controversia está a la orden del día en el Partido Liberal, pues mientras algunos parlamentarios consideran que la colectividad debe proyectar perfiles ante la Casa de Nariño para que se tomen en cuenta en la conformación de la terna para la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia semanas atrás de Jorge Armando Otálora por las acusaciones de presunto acoso sexual, otros congresistas sostienen que no le conviene a la colectividad entrar en la puja por ese cargo, no sólo por el costo político del escándalo reciente, sino
“La situación es insostenible”. Ese habría sido el mensaje que el martes desde la Casa de Nariño se habría trasmitido a la cúpula del Ministerio de Defensa y esta, a su vez, al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, tras el nuevo pico de la crisis en la institución.