Esta semana el escándalo de presuntas interceptaciones ilegales que se habrían realizado en una casa de fachada de Inteligencia Militar en el sector de Galerías, en el centro de Bogotá, seguirá sobre la mesa. De un lado, el próximo miércoles se realizará una sesión reservada de la llamada “Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso”. Se interrogará al Ministerio de Defensa y la cúpula militar qué pasó en el caso Galerías y con qué equipos se están adelantando esta clase de operaciones de espionaje. Uno de los temas centrales será el relativo a cómo se están pidiendo las órdenes judiciales que son obligatorias cuando se trata de interceptar comunicaciones de determinado sospechoso.
¿Y la contrainteligencia?
En la sesión reservada, a la que asistirían el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el almirante (r.) Álvaro Echandía Durán, quien está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (que remplazó al liquidado DAS), otro de los interrogantes más profundos se dirigirá a preguntarles a ambos funcionarios por qué la contrainteligencia no detectó lo que pasaba en Galerías, más allá de si en esa operación se estaba o no espiando a los negociadores de paz del Gobierno.
Mineros preocupados
En las empresas mineras hay cierta inquietud por los alcances de un proyecto de ley que hace curso en la Comisión Séptima del Senado y que busca “incorporar la actividad de los trabajadores de la minería a cielo abierto dentro de las actividades señaladas como de alto riesgo”, lo que permitiría, por ejemplo, modificar el límite temporal de cobertura del régimen pensional a estos empleados. Varias empresas han pedido al Gobierno que analice las implicaciones de la reforma. La iniciativa aún no tiene ponencia para primer debate pero se espera que los senadores Guillermo Santos Marín y Gloria Inés Ramírez la pongan sobre la mesa cuando arranque el último tramo de la legislatura a mediados de marzo.
Otro proyecto
Pero ese no es el único proyecto sobre minería que asumirá el Congreso. El senador José David Name propondrá que debido a los efectos negativos en playas y ecosistemas marinos por la exportación de carbón y la situación que se vive en las zonas de explotación, se fije por ley la obligatoriedad de que las grandes empresas mineras ejecuten Planes de Desarrollo Socioambiental. Dijo que es urgente que el
Congreso se apersone de este asunto y priorice el refuerzo de la legislación ambiental. También se establecería un subsidio oficial con destino a trabajadores de escasos recursos, con el fin de que puedan obtener un almuerzo sano y de calidad a un costo de mil pesos. Habría también incentivos en materia de “empleo de vía rápida”.
¿Y el Código?
Y a todo lo anterior debe sumarse que el Gobierno debe llevar al Congreso el proyecto de ley para establecer un nuevo Código Minero. Pese al plazo de dos años que diera la Corte Constitucional en mayo de 2011, cuando declaró inexequible el anterior Código Minero por errores en la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes, la iniciativa no pudo llegar al Congreso el año pasado, precisamente, porque no se culminó el proceso de consenso con esas minorías étnicas y culturales. Por el momento no está claro que el ministro de Minas, Amylkar Acosta, lleve el proyecto al Congreso después de marzo o la tarea le quede al próximo gobierno.