Alerta azul (I)

En las toldas del Partido Conservador ya había durante el fin de semana más de una alerta temprana y cruce de llamadas telefónicas por las implicaciones que pueda tener el proceso de indagación que la Procuraduría inició la semana pasada en torno del accidentado proceso de aprobación y muerte del proyecto de reforma a la justicia. Y esa alarma creció aún más ayer al conocerse la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de abrir investigación preliminar a todos los parlamentarios que integraron la comisión de conciliadores de la reforma, por incurrir, presuntamente, en el delito de prevaricato.

Alerta azul (II)

Algunos parlamentarios azules recordaron ayer que el mismo día en que fue votada la conciliación que hundía el proyecto de acto legislativo, el propio fiscal general Eduardo Montealegre les había asegurado a la bancada que, bajo el principio de la inviolabilidad del voto de los congresistas, ninguno de ellos podría ser investigado, ya fuera que hubieran, primero, apoyado el proyecto y, luego, ayudado a hundirlo. Quince días después, ya todo el Congreso tiene encima indagaciones penales y disciplinarias encima.

Elección de Procurador

También se escucha en los corrillos parlamentarios que es muy posible que muchos senadores se declaren impedidos en este segundo semestre para participar de la elección del Procurador General, toda vez que si el actual jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, vuelve a ser postulado por el Consejo de Estado, los congresistas que puedan estar siendo investigados disciplinariamente, deberían abstenerse de participar en la escogencia con base en la terna de aspirantes.

¿Impedidos?

Según explicó un congresista, que pidió la reserva de su nombre, aunque la Procuraduría indicó la semana pasada que lo único que hay hasta el momento es una instancia de “indagación a persona indeterminada”, se intuye objetivamente que la misma recae sobre todos los congresistas, puesto que las quejas radicadas por particulares ante el despacho de Ordóñez se refieren directa y taxativamente a la actuación de los senadores y representantes a la Cámara que votaron la conciliación de la reforma a la justicia, y luego también las objeciones presidenciales que hundieron la iniciativa.

Cuenta regresiva

Ordóñez se posesionó el 15 de enero de 2009, lo que implica que su período de cuatro años termina a comienzos del próximo año. Ello implica que el Senado tendría que hacer la elección antes del 16 de diciembre, cuando termina este primer tramo de la legislatura que arranca el 20 de julio. La idea es que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República remitan la respectiva terna antes de finalizar octubre, con el fin de que, a más tardar, en noviembre se citen las audiencias con los postulados y se proceda luego, en la plenaria del Senado, a la respectiva escogencia.

Más sonajero

Todo hace indicar, según se escucha en los pasillos judiciales, que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado Augusto Ibáñez, buscaría que ese alto tribunal lo postule para integrar la terna, en tanto que por los lados de la Casa de Nariño el propio ministro del Interior, Federico Renjifo, dijo el viernes pasado que ese tema todavía no se ha tocado con el presidente Santos, en cabeza de quien está la escogencia del tercer integrante de la terna.