A propósito de todo el debate que se generó alrededor del caso del condenado expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, quien luego de ser sentenciado interpuso un recurso para que su proceso pasara a manos de la jurisdicción especial indígena (intento que le fue negado por el Consejo Superior de la Judicatura al dirimir el conflicto de competencia), en el Congreso se radicará la próxima legislatura un proyecto de ley que busca acabar con esos vacíos que le permiten a los integrantes de estas comunidades ancestrales tratar de esquivar el castigo por los delitos en que incurren.

Proyecto en camino

“… Nosotros ya veníamos trabajando en un proyecto referido a establecer prevalencias de la jurisdicción ordinaria frente a la indígena en casos definidos por la ley penal como muy graves, como lo son las violaciones de menores de edad… Recuerde que meses atrás las propias víctimas indígenas de abuso sexual por parte de hombres de su mismo resguardo que luego sólo recibían de castigo penas insuficientes como latigazos y leves tiempos de trabajo forzado, fueron las que exigieron que esos procesos por estupros pasaran a conocimiento de jueces ordinarios, así el delito haya sido cometido en territorios de las comunidades…”, precisó el asesor de un parlamentario que trabaja en el borrador de un proyecto de reforma a la jurisdicción penal indígena, iniciativa que ahora se ampliará para que abarque también situaciones como las que se intentaron en el caso de Rojas Birry.

¿Vía constitucional?

Sin embargo, para algunos constitucionalistas cualquier reforma al ámbito de la jurisdicción especial indígena no puede tramitarse por vía de un proyecto de ley sino que requiere una reforma constitucional previa, ya que la autonomía de los resguardos es de ese orden. Luego -sostienen los entendidos- sí se podría pensar en la posibilidad de leyes y reglamentaciones. Incluso se trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde es claro que el concepto de “autonomía” para el caso de indígenas es de muy amplio espectro, rayando incluso en el complejo tema -desde el punto de vista jurídico- de la cosmovisión.

De aquello, nada…

En cuanto a la petición que estaría planeando la defensa de Rojas Birry para que pague su condena en un resguardo indígena, un exalto cargo del Inpec indicó que a la luz del actual Código Penitenciario sería muy difícil que una petición así prosperara. Incluso recordó que peticiones similares de sacerdotes condenados, de dirigentes religiosos de otras confesiones e incluso de integrantes de la Fuerza Pública sentenciados por delitos ajenos al servicio, para que se les permitiera pagar condenas en sitios especiales de reclusión han sido insistentemente negados por el Inpec y los jueces de garantías.

Plan de prisiones

Y hablando del Inpec, tan pronto como el Gobierno anunció un nuevo plan de expansión de la infraestructura de prisiones en todo el país, con el fin de disminuir los índices de hacinamiento y sobrecupo en los penales, en el Congreso llamaron la atención respecto a las investigaciones que tiempo atrás se anunciaron respecto a la ampliación carcelaria que llevó a cabo el gobierno Uribe y en la cual se habrían presentado anomalías graves, que incluirían desde millonarios sobrecostos hasta incumplimiento contractual grave y doloso, en donde dineros de la Dirección Nacional de Estupefacientes habrían terminado enredados. ¿Qué habrá pasado con esas pesquisas en donde, incluso, se llegó a mencionar la posibilidad de investigar a ex altos cargos?