Como una “caja de Pandora” calificó una alta fuente de la Fiscalía lo que podría salir de las pesquisas que se están adelantando sobre el escándalo del llamado “carrusel pensional” en la Rama Judicial, en especial en el Consejo Superior de la Judicatura. Se rumora en los pasillos del ente acusador, ya habría una o dos personas que ante el temor de verse presuntamente involucradas, directa o indirectamente, en el trámite de pensiones de altos cargos judiciales, habrían buscado contactos con la Fiscalía para ofrecerse a colaborar con la justicia e incluso indagar sobre la posibilidad de acceder a un Principio de Oportunidad que les permita no ser procesadas penalmente.

¿Poca solidaridad?

Paradójicamente, en privado algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura se han quejado de la falta de solidaridad de sus colegas de las demás altas Cortes judiciales, los cuales han tomado prudente distancia de todo este escándalo e, incluso, indagado al interior de sus propias corporaciones sobre los trámites de nombramiento de magistrados auxiliares y otros altos cargos, con el fin de descartar cualquier tipo de anomalía o, en caso de encontrarla, ser los primeros en denunciarla ante las autoridades respectivas.

Temor al despido

Algunos funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura ya han contactado a abogados laboralistas con el fin de indagar sobre cuáles podrían ser sus opciones de reubicación dentro de la Rama, en caso de que finalmente termine siendo aprobada la reforma a la Justicia, en donde está prevista la eliminación del alto tribunal, y su reemplazo por dos instancias de menor rango. Aunque la mayoría de los empleados considera que, por ser de carrera judicial, tendrían prelación para ser reubicados en las nuevas instancias, otros temen que terminen siendo despedidos por la reestructuración. Es más, ya se habla de acudir al llamado “retén social” que restringe la posibilidad de despidos a los empleados que cumplan condiciones como ser cabezas de familia, discapacitados o, incluso, estar en embarazo.

Caja de resonancia

El eco del atentado del martes pasado en el norte de Bogotá terminó siendo aún más grave, porque algunos medios internacionales tienen emplazados en el país desde hace dos semanas a varios de sus corresponsales itinerantes en Latinoamérica para cubrir todo lo relacionado con el secuestro y proceso de liberación del periodista francés Roméo Langlois. Una vez se produjo el ataque contra el exministro Londoño, varios de esos periodistas extranjeros se abocaron a la respectiva cobertura informativa, con la profundidad y capacidad de análisis que permite encontrarse en el “lugar de la noticia”. Y eso desembocó en que la dimensión del hecho terrorista se amplió en nivel internacional.

Lobby sin reglas

La filtración de un borrador del proyecto de reforma tributaria y la forma en que muchos nichos productores, gremiales y empresariales activaron de inmediato sus labores de lobby ante el Congreso para tratar de verse lo menos afectados por el apretón en impuestos, puso en evidencia una vez más la falta que hace en la legislación colombiana de una norma que regule de manera puntual y organizada esta clase de ‘gestiones’ de intereses privados ante las corporaciones legislativas. Por ahora, los lobistas no asuman en las comisiones y plenarias, pero sí invitan a reuniones y almuerzos en sitios distintos al Capitolio.