“… Se están exponiendo a una rebelión de marca mayor”. Esas fueron las palabras de un congresista conservador al reaccionar a la desautorización que esta semana hiciera el Directorio Nacional del partido y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez a la presencia en La Habana días atrás del representante a la Cámara, Telésforo Pedraza, quien asistió al anuncio del Gobierno y las Farc sobre acuerdo de justicia transicional. Según varios parlamentarios conservadores, la línea “directorista” del partido no sólo es “minoría” frente a la bancada de senadores y representantes que apoyan el proceso de paz del gobierno Santos, sino que no tiene mayor poder de convocatoria sobre estos últimos. Vea pues.

Estaba contemplado

El anuncio del presidente Santos en torno de que Colombia estaría dispuesta a enviar un contingente de 5.000 militares para que hagan parte de los llamados “Cascos azules” de la ONU no tomó por sorpresa a la cúpula castrense. Todo lo contrario, según una alta fuente del Ministerio de Defensa esa posibilidad se viene contemplando desde hace varios años, sobre todo en conflictos en donde las tropas avaladas por Naciones Unidas tienen labores de desminado, lucha contra el narcotráfico y el secuestro.

Nada de nada…

Para nadie es un secreto que las relaciones entre la Casa de Nariño y el secretario general de la Unasur, el expresidente Ernesto Samper, quedaron bastante maltrechas a raíz de las polémicas posturas de este último en medio de la crisis fronteriza con Venezuela. Se dice que algunos amigos mutuos de Samper y Santos han tratado de indagar una vía para distensionar esas relaciones, pero que la Casa de Nariño así como la Cancillería no le han puesto mayor interés al tema. Todo lo contrario, en las nuevas reuniones de nivel ministerial entre los gobiernos Santos y Maduro, Colombia ha dejado claro que no quiere darle mayor protagonismo a la Unasur. De allí el poco eco en Bogotá al acuerdo entre Samper y Maduro esta semana para que los centenares de colombianos deportados por Venezuela puedan volver a ese país si regularizan su situación migratoria.

¿Deserción a la vista?

En la jurisdicción de Justicia y Paz se teme que el ritmo que venían tomando algunos de las decenas de procesos pendientes de paramilitares desmovilizados se vaya a truncar a raíz del anuncio de una “jurisdicción especial de paz” en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.  Según una fuente cercana a estos procesos, hay muchos investigados en Justicia y Paz que consideran que les sale mejor esperar a que se firme la paz con las Farc y el acuerdo de justicia entre en vigor. “… Aquí (en Justicia y Paz) deben pagar ocho años de cárcel y se arriesgan a ser expulsados de la jurisdicción si se comprueba que no dicen toda la verdad… Y allá (en el acuerdo con las Farc) pueden confesar lo que hicieron y no pagarían ni un día de cárcel”, dijo la fuente consultada.

La carta roja

En las toldas del liberalismo se afirma que una de las cartas que esa colectividad podría estar barajando para la campaña presidencial de 2018 sería la del hoy jefe negociador del gobierno en La Habana, el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana. Paradójicamente, él mismo negó meses atrás que estuviera pensando en volver a la política activa.