No es la primera vez que  Eduardo Montealegre contempla la posibilidad de denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. Ya en el Gobierno Uribe  el exmagistrado de la Corte Constitucional había sido encargado de analizar la posibilidad de interponer una causa contra el entonces presidente Hugo Chávez y varios de sus altos funcionarios por su presunta complicidad  con las Farc, considerada, en ese entonces y hoy todavía, como grupo terrorista responsable de múltiples delitos de lesa humanidad. La cuestión no pasó a mayores e incluso se advirtió por parte de juristas nacionales e internacionales que adelantar un proceso de esas características ante el Alto Tribunal no era nada fácil ni tenía la celeridad que mucha gente cree.

Ahí está y…

Aunque en el Congreso no han sido pocas las voces que en público y privado han considerado, en medio de la crisis con Venezuela, que la canciller María Ángela Holguín, después de cinco años en el cargo, ya debería dar un  paso al costado, en los pasillos de la Casa de Nariño se asegura que la Ministra es inamovible y cuenta con el  100% de respaldo del presidente Santos, que, se sabe, le ha insistido que lo acompañe lo más posible en este segundo mandato. Incluso hace un año, en el  remezón ministerial tras la reelección, era vox populi que Holguín dejaría el cargo en pocos meses y se iría a los Estados Unidos en plan académico. Sin embargo, en los círculos políticos se decía esta semana  que una vez se solucione la crisis con Venezuela vendría el cambio en la Cancillería por iniciativa de la propia Holguín.

Vuelve y juega

Como ocurre todos los meses, con el anuncio del nuevo precio que entra a regir para la gasolina y el diésel, se prendió de nuevo la polémica sobre el por qué en Colombia pese a que el precio internacional del petróleo está por debajo de 40 dólares, el valor de la gasolina y del ACPM no disminuye con mayor porcentaje. Ya el Gobierno parece estar cansado de explicar una y otra vez que el precio del petróleo es apenas uno de los factores que influye en la estructura de costo de los combustibles, que para los últimos meses, por ejemplo, no se han podido abaratar más debido a la disparada del dólar frente al peso colombiano. Paradójicamente una mayor disminución en estos precios implicaría una reforma tributaria municipal y distrital en la que se flexibilicen los impuestos y sobretasas que se aplican sobre los combustibles, sobre todo para la  financiación de la malla vial local. No obstante los propios ministerios de Hacienda y Minas saben que sería un imposible político plantear semejante apretón a los presupuestos municipales.

Prevención policial

Aunque no lo admiten públicamente, se sabe que a los altos cargos de la Policía Nacional no les suenan para nada las propuestas de distintos candidatos a las alcaldías y gobernaciones de distintas partes del país sobre la creación de una variopinta de instituciones civiles para que ayuden en la preservación de la seguridad ciudadana y la convivencia local. Según fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO, la Policía considera que es más práctico, útil y viable que en lugar de destinar presupuestos a esos experimentos ‘creativos’, tales dineros deberían dirigirse no sólo a más  pie de fuerza de agentes, sino a sus equipamientos, la red de cámaras de vigilancia y otros mecanismos que permitan una acción, preventiva y reactiva, para combatir los delitos de alto impacto.