En el fin de semana empezaron a circular versiones en torno de que el presidente Santos podría citar a los jefes de los partidos de la coalición de Unidad Nacional a una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño con el fin de que se analice cómo salir de todo el embrollo de la cuestionada y objetada reforma a la Justicia, en cuya aprobación queda claro que fueron las bancadas gobiernistas las del visto bueno  a los polémicos artículos que darían pie a impunidad para congresistas y altos funcionarios del Estado.

Mensaje claro

“… La salida del ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) se convierte en un mensaje claro del Gobierno, y del propio Presidente a su bancada respecto de que se pagará el costo que sea para que el proyecto de Reforma no salga adelante tal y como fue aprobado en el Congreso… El Gobierno está dispuesto a sacrificar mucho para que la iniciativa no entre en vigencia y es claro que los senadores y representantes deben saber leer esas señales presidenciales…”, precisó un veterano congresista, que pidió la reserva de su nombre.

Reforma a la Ley 5ª

El escándalo alrededor de la polémica reforma a la Justicia redundará en una nueva reforma a la Ley 5 de 1992 o Reglamento Interno del Congreso. Según trascendió en fuentes parlamentarias, la idea de varios senadores es impulsar una modificación a lo referente a la instancia de conciliación, en donde se obligaría a un paso previo en el que ambas plenarias tendrían que aprobar por voto nominal un informe sobre los artículos específicos a conciliar, cada uno con la debida exposición de los textos disímiles entre lo que aprobó cada plenaria. De esa forma se evitaría, como pasó en la conciliación de la reforma judicial, que ésta se convierta en una especie de noveno debate a los actos legislativos.

Diferenciación (I)

Uno de los impulsores del referendo derogatorio de la reforma a la Justicia, en caso de que ésta entre en vigencia, sostuvo el viernes pasado que, de un lado, no se le puede colgar a esa iniciativa popular lo referente a la revocatoria del mandato del Congreso, puesto que esta clase de referendos sólo están limitados a echar por tierra los textos de modificación a la Carta del acto legislativo cuestionado, y no pueden ir más allá.

Diferenciación (II)

La misma fuente indicó que si se insiste en la idea de la revocatoria del mandato al Congreso debe estudiarse seria y profundamente si es viable, desde el punto de vista constitucional, establecer la prohibición de que los actuales senadores y representantes no se pueden volver a postular para el nuevo Parlamento, ya que si pudieran hacerlo, entonces la posibilidad de renovar a los titulares de las curules sería muy baja, pues muchos podrían salir reelectos.

Cuatro meses

Calendario en mano, hay dirigentes políticos que consideran que impulsar una revocatoria del mandato congresional no sería muy lógico, ya que todo el proceso de recolección de firmas, su habilitación por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y luego la convocatoria a las urnas, bien podría llevar casi un año y medio. El problema aquí es que para los comicios de Congreso faltan un poco más de 22 meses. Es decir, que la diferencia entre unos comicios atípicos para Senado y Cámara y la citación normal a las urnas, sería de escasos cuatro meses.