La propuesta del procurador Alejandro Ordóñez en torno de que si se va a aplicar una amnistía en Colombia a los actores del conflicto, esta no se limite sólo a los guerrilleros de las Farc sino que se extienda a todos los que han participado en la guerra, directa o indirectamente, tuvo su antecedente en una idea similar que el año pasado pusiera sobre el tapete el expresidente César Gaviria y que en su momento generó gran controversia. Sin embargo, en ese entonces trascendió que a la cúpula de las Farc la idea del expresidente no les pareció tan descabellada por considerar que por esa vía del ‘perdón general’ se podría allanar el camino hacia la reinserción política de la subversión.
“Noticia bomba”
El viernes pasado, entrada la noche, el senador José Obdulio Gaviria había advertido, vía twitter, que la Fiscalía preparaba una decisión contra un dirigente del Centro Democrático e incluso trajo a colación que la jefatura del ente acusador estaría denominando a dicho anuncio como una “noticia bomba”. Para la mayoría de los periodistas que cubren la Fiscalía las quejas del congresista uribista no tuvieron mayor eco ya que la “noticia bomba” que se había anunciado se refería a la medida de aseguramiento contra el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y un procurador delegado involucrados, presuntamente, en un millonario caso de soborno para dilatar la investigación contra el exmandatario departamental por su participación en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.
Resurrección política
Y hablando del uribismo, ayer se especulaba en los corrillos de la Comisión Primera del Senado que varios parlamentarios de ese partido tenían la certeza de que las Farc sí terminarían integrando algún tipo de mecanismo legislativo para acelerar la implementación de los acuerdos a que se llegue en La Habana. Se decía, además, que esa alternativa, que no está expresa en el acto legislativo que se está tramitando para crear el ‘congresito’, se concretaría por uno de los decretos-ley que el Presidente de la República promulgaría en virtud de las facultades extraordinarias que la misma iniciativa le está confiriendo. Incluso un parlamentario uribista dijo que ese sería el camino por el que las Farc estarían pensando en rehabilitar políticamente a una polémica congresista. Vea pues.
El “23-M”
Bajo el lema “23M, el día uno de la Paz” un grupo de dirigentes de sectores políticos que respaldan el proceso de paz con la guerrilla están pensando en iniciar una campaña de pedagogía y promoción de la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Según conoció EL NUEVO SIGLO de una fuente cercana a quienes están confeccionando esta iniciativa, se acudiría a marchas, redes sociales y todo tipo de simbologías para allanar respaldo ciudadano al proceso de paz, sobre todo de cara al difícil trámite de la refrendación popular de un eventual acuerdo con la guerrilla. Paradójicamente esa fecha límite del 23 de marzo -plazo fijado por Gobierno y Farc para firmar acuerdo final- ha sido puesta en duda por la propia guerrilla, especialmente por la insistencia del Ejecutivo para “precisar” los alcances del acuerdo sobre justicia transicional del mes pasado, sobre todo en lo relativo a los alcances de la “restricción efectiva de la libertad” de los subversivos y el ámbito de aplicación de la jurisdicción especial de paz. Acuerdo que, como se sabe, las Farc consideran que no necesita ajustes y ya está cerrado.