Se quedó en la mera intención un debate de control político mediante el cual algunos senadores querían citar al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y al fiscal General Eduardo Montealegre para que explicaran en qué va la judicialización concreta y real de la información contenida en los computadores de los cabecillas guerrilleros que han sido abatidos. Los congresistas querían saber exactamente cuántos procesos penales se han abierto con base en esos datos contenidos en los ordenadores, ya que tras cada operativo se afirmó que quedaban al descubierto múltiples complicidades y testaferratos subversivos, pero a la hora de las capturas y decomisos, poco de aquello…

En el tintero (II)

Sin embargo, según explicó uno de los senadores, es claro que mediando los debates de reforma a la Justicia Penal Militar y de Marco Legal para la Paz, la atención legislativa se centró en esos dos temas de alta importancia para la esfera castrense, y los demás asuntos quedaron un poco relegados.

Ajuste festivo

Ante las continuas polémicas que se están generando por los entes mixtos que manejan las ferias y fiestas insignias de varias capitales departamentales, en la próxima legislatura se presentará un proyecto de ley que dejará en claro hasta qué punto las gobernaciones, alcaldías e incluso el Ministerio de Cultura pueden hacer parte de las llamadas “fundaciones” que manejan la financiación y organización de estos eventos populares. La iniciativa aumentaría la facultad de entes de control fiscal para hacer vigilancia sobre la utilización de dineros, así algunas de éstas estén bajo un régimen privado.

Verdes ‘pálidos’

Tras la cumbre entre el presidente Santos y el Partido Verde quedó claro que a la cúpula de ese partido político no le interesa, por el momento, tener una cuota directa en el gabinete o en algún alto cargo. Sin embargo, a la Casa de Nariño le sigue ‘sonando’ la idea de designar a una o varias personas de los verdes en posiciones de importancia, bajo la tesis de que si bien lo harían a título personal es obvio que no se recibiría un portazo o una señal de desaprobación por parte de la cúpula de la colectividad.

¿Castración química?

Aunque el proyecto de castración química de violadores sexuales seriales volverá al Congreso en la próxima legislatura, la posibilidad de que esa norma drástica encaje dentro de la jurisprudencia constitucional no es muy alta. “… Así suene polémico, lo cierto es que muchos países que tienen este castigo requieren de un consentimiento previo del condenado, ya que hasta los presos tienen derechos innatos, entre ellos el de reproducirse… En Colombia se habla muy fácil de castigos extremos pero no se tiene en cuenta el antecedente jurisprudencial… Ya hay fallos constitucionales sobre tutelas interpuestas por abusadores sexuales y allí se fija un piso mínimo de garantías que no pueden ser vulneradas, así se trate de delincuentes tan execrables”, precisó un reconocido abogado penalista, que pidió la reserva de su nombre.

Alerta judicial

La preocupación sigue creciendo en los pasillos del Consejo Superior de la Judicatura puesto que ante la creciente posibilidad de que ese alto tribunal sea eliminado, tal como lo propone el proyecto de reforma a la Justicia al que sólo le falta un debate en el Congreso, el ritmo de muchos procesos de investigación a abogados y funcionarios judiciales se estaría afectando, y no se descarta que algunas indagaciones terminen dilatándose en espera de la etapa de transición obligada entre la entidad que desaparece y las dos instancias, de menor rango, que la reemplazarían.