Una vez más las autoridades estadounidenses tienen en la mira a varios excongresistas colombianos, incluso de los condenados por parapolítica. Según trascendió esta semana en altas fuentes judiciales, en varios tribunales de E.U. están por oficializarse algunos expedientes en donde se mencionan los nombres de exparlamentarios que estarían relacionados directa o indirectamente con operaciones de narcotráfico que ya han sido comprobadas o confesadas por cabecillas paramilitares y de los carteles colombianos extraditados o que se entregaron a la Justicia norteamericana, en busca de negociación de penas y rebaja de condenas.  

El año pasado

No es la primera vez que se escucha la hipótesis sobre posibles pedidos de extradición a dirigentes políticos colombianos condenados por parapolítica. A comienzos del año pasado trascendió que algunos abogados estadounidenses estaban indagando cada coma y punto de los expedientes de condena de varios exparlamentarios, con el fin de establecer si ante un eventual pedido de extradición era posible alegar que el trámite no procedía porque, según el mandato universal, ninguna persona puede ser juzgada y penada dos veces por el mismo delito. 

Concierto para delinquir

Uno de los abogados penalistas colombianos que fue consultado por los abogados estadounidenses (contratados -según trascendió entonces- por uno de los exparlamentarios cuyo nombre se mencionaba como posible blanco de la justicia norteamericana en un caso por narcotráfico) les explicó a sus colegas extranjeros que el “concierto para delinquir”, el  delito madre de los fallos de culpabilidad por parapolítica, en modo alguno cobijaba el tráfico de estupefacientes, así fuera obvio y comprobado en expedientes que la mayoría de los bloques paramilitares estaban narcotraficando, y que la compra de votos, aportes en efectivo a las campañas e incluso el aparato militar utilizado para coacción electoral era financiado por el comercio ilícito de las drogas.  

No “conspiración”

El abogado penalista -cuyo nombre se mantiene en reserva- les indicó también que, a diferencia del ámbito amplio del delito de “conspiración” que sustenta los procesos en E.U. por narcotráfico, el “concierto para delinquir” colombiano sólo se refería y cobijaba -en el caso de la parapolítica- lo relativo a la alianza criminal para el tema exclusivamente electoral y político entre los congresistas y los jefes paras. Incluso les trajo a colación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no aceptó algunas tesis que trataban de ‘integrar’ a los senadores y representantes a la Cámara como parte del ‘ala política’ del aparato paramilitar y que, por lo mismo, al hacer parte de la estructura ilícita deberían ser responsables automáticos de todos los delitos cometidos por la misma, como masacres y asesinatos selectivos.

Causa aparte

También les refirió que una prueba de esa línea jurisprudencial de la Corte se constata en la forma en que a algunos congresistas condenados por parapolítica se les pensaba abrir un expediente aparte por delitos de lesa humanidad, con base en indicios testimoniales que llevarían a pensar que los dirigentes políticos podrían haber participado de órdenes para desplazar campesinos, masacrar, secuestrar o incluso determinar, como autores intelectuales, asesinatos.

Tampoco CPI

Como se recuerda, el año pasado incluso circuló un rumor en torno de que varios condenados por parapolítica también podrían ser denunciados ante la Corte Penal Internacional por incurrir en delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en altas fuentes judiciales colombianas se descartó esa hipótesis, porque la jurisdicción de la CPI es subsidiaria y complementaria, es decir, que no puede desplazar a la justicia interna, sobre todo cuando ésta investiga, juzga y condena efectivamente, como lo está haciendo la Corte Suprema.