Un atinado observador político recordaba que hace un año el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc se encontraba en plena crisis debido a que la guerrilla había secuestrado a mediados de noviembre al general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cuando arribó, vía fluvial, de civil y sin escoltas a un corregimiento en cercanías de Quibdó. La guerrilla también había secuestrado a dos soldados en Arauca. Como se recuerda, el Gobierno congeló las negociaciones hasta la liberación del alto militar y los dos soldados, lo que se dio a finales de noviembre. Luego, en la primera semana de diciembre, se retomarían las tratativas en La Habana y la guerrilla, cuando se esperaba que se empezara a discutir poco a poco medidas para “desescalar el conflicto”, sorprendió al declarar una tregua unilateral a partir del 20 de ese mes, misma que rompería casi cuatro meses después con el asesinato de 11 militares en Cauca.
Ministros de los otros
Siguen los ecos a las fuertes críticas que le lanzara la semana pasada el partido de La U al gobierno Santos. Un parlamentario liberal dijo que le parecía “poco coincidente” que el senador Roy Barreras hubiera disparado dardos contra los ministerios de otros partidos y no del suyo. “… Vea, el de Minas y Energía, al que critican por las alzas en las tarifas, es de los conservadores santistas. El tema del posconflicto está ahora a cargo de un liberal como Rafael Pardo (ministro consejero del Posconflicto) y también del de Interior, que también es liberal… Y la cartera de Salud siempre la han reivindicado los liberales como propia… Pero de carteras como Educación y Agricultura nada dijo Barreras, y lo raro es que ambas carteras están en manos de La U, debe ser que allí no hay problemas”, indicó el parlamentario, que pidió la reserva de su identidad.
Réplica insuficiente
En altas fuentes gubernamentales se considera que es urgente que se le dé una respuesta más contundente a la acusación que hiciera la semana pasada el senador uribista Ernesto Macías en torno al nuevo esquema de institucionalidad del Ministerio de Agricultura. El parlamentario indicó que detrás de esa reestructuración venía un aumento de burocracia. “La preocupación es que cuando nos hablan de una reestructuración y cuando el Ministro dice que se van a crear fondos, nuevas entidades y agencias, vamos llenándonos de dependencias y detrás de eso viene la burocracia”, denunció Macías. Se cree que la reacción de La U, partido al cual pertenece el ministro Aurelio Iragorri, fue muy tibia.
Pulso por el censo
Sin embargo, no fue esa denuncia de Macías la que más llamó la atención, sino la acusación al Gobierno en torno a que dicha reestructuración de la institucionalidad del sector agrícola, para lo cual en la Ley del Plan de Desarrollo se le dieron facultades especiales al Presidente de la República, se estaba haciendo con base en los resultados arrojados por el Tercer Censo Nacional Agropecuario, el cual, según el congresista, ni el Ejecutivo como tampoco el DANE lo habían dado a conocer en su integralidad. Incluso Macías dijo que pediría la intervención de la Procuraduría ante el ente estadístico. EL NUEVO SIGLO indagó al respecto y una alta fuente gubernamental indicó que los datos más importantes del Censo ya se revelaron públicamente en los respectivos informes de avance, “que fueron extensos”, por lo que la acusación uribista no tendría mayor piso.