Esta semana se cumple el primer año de que el Gobierno y las Farc hubieran revelado el texto de los tres preacuerdos que se habían logrado en la Mesa de Conversaciones en La Habana. Como se recuerda el 24 de septiembre de 2014 se dieron a conocer dichos textos, bajo la tesis de que era necesario tener una mayor apertura al debate sobre lo discutido y para acabar con las críticas de muchos sectores en torno de que en Cuba Gobierno y guerrilla tenían un agenda secreta en la que estaban negociando a espaldas del país temas que tenían que ver con la propiedad privada, el modelo económico, el estatus de las Fuerzas Militares y muchos otros que el presidente Santos había indicado no harían parte de la discusión con los subversivos.
Reacciones encontradas
La primera impresión de analistas y la opinión pública en general una vez conocidos y leídos esos textos es que no había en ellos grandes reformas que atentaran contra el llamado “establecimiento” e incluso muchas de la reacciones coincidieron en que los preacuerdos respecto a desarrollo rural integral, participación política y narcotráfico dejaban sin piso la satanización del proceso que, en especial, venía haciendo el uribismo. Sin embargo, desde las toldas del Centro Democrático se replicó que si bien los textos no generaban mayor sorpresa, el ‘veneno’ estaba en la gran cantidad de “pendientes” que habían quedado en cada uno de los tres preacuerdos, en especial en temas como el fondo de tierras, el viraje en la política antidrogas, las zonas de reserva campesina y, sobre todo, los mecanismos de participación política y de elegibilidad de los cabecillas de guerrilla procesados por delitos de lesa humanidad.
Vuelve y juega
Paradójicamente la semana pasada, los negociadores de las Farc en La Habana volvieron a poner sobre la mesa la urgencia de retomar todos estos “pendientes”, ahora que, según las partes, se está muy cerca de finiquitar la larga discusión del punto quinto de la agenda, referido a las Víctimas, y se podría pasar al punto tres, relacionado con el fin del conflicto. Esos “pendientes” solo pueden ser discutidos y acordados una vez se tenga claro cuál es el modelo de “sistema de justicia integral” que Gobierno y Farc llevan varios meses tratando de consensuar. Esto porque si en dicho modelo quedara, por ejemplo, pactado que los cabecillas guerrilleros pueden ser elegibles pese a estar señalados de delitos de lesa humanidad, entonces se abriría la puerta para terminar de cerrar, por fin, el punto dos sobre participación en política.
Cuenta regresiva
Como se sabe, tanto el presidente Santos, su jefe negociador Humberto de la Calle, los voceros de la guerrilla y hasta el fiscal Eduardo Montealegre han coincidido en afirmar en los últimos días que en pocas semanas será anunciado el acuerdo sobre Víctimas y “sistema justicia integral”. Dicho anuncio debe darse, de un lado, antes de un mes porque en noviembre vence el plazo que Santos había dado en junio pasado para que la mesa llegara a un acuerdo sobre el tema de justicia. Y de otra parte, es obvio que el nuevo acuerdo sobre el punto quinto se anunciará antes de las elecciones del 25 de octubre en busca de un efecto electoral positivo para el Gobierno y sus toldas políticas.