Esta semana se completó un año de la designación del entonces Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Javier Alberto Flórez, al frente de lo que entonces el presidente Santos calificó como el “nuevo Comando de Transición” cuya misión sería encargarse “de todo el proceso que nos va a exigir muchos esfuerzos para ir de la guerra a la paz, del conflicto al posconflicto”. La designación, como se recuerda, tuvo muchas críticas de varios sectores, como el uribismo, que consideraban que no se podía enviar a la Mesa de Negociaciones de La Habana a un alto militar activo, porque sería equiparar a las Fuerzas Militares con los grupos ilegales. El Gobierno no sólo se mantuvo en la designación, sino que meses después envió a Cuba a cinco generales y un almirante, todos activos, para arrancar las negociaciones de la comisión sobre “fin del conflicto”, encargada de temas como el desarme  y el cese el fuego. Hoy ya pocos discuten sobre la presencia de los altos militares en La Habana.

Principio del fin

Las paradojas de la política. Hace un año se dio una rueda de prensa en la Casa de Nariño en la que el presidente Santos, junto a todos los líderes de la Unidad Nacional, presentó el proyecto de reforma de equilibrio de poderes, que tenía como principal columna vertebral la eliminación de la reelección presidencial, tanto inmediata como alternada. El proyecto, como se sabe, tuvo un accidentado trámite que sólo vino a terminar en junio pasado, con la aprobación del acto legislativo. El mismo que hoy está demandado ante la Corte Constitucional por el fiscal Eduardo Montealegre. Y el mismo que hoy tiene a la Rama Judicial recogiendo más de tres millones de firmas para impulsar un referendo derogatorio que deje sin efecto la reforma constitucional.

Nada de coincidencia

En el alto gobierno no causó ninguna sorpresa el jueves pasado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se pronunciara respecto a que Colombia debería cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que le entregó a la nación centroamericana más de 78 mil kilómetros de mar en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia. Para el Ejecutivo, era claro que Ortega hablaba en coordinación con el presidente venezolano Nicolás Maduro, blanco de fuertes críticas por la forma en que su gobierno expropió y deportó a más de mil colombianos en la frontera.

Campanazo militar

Se espera en el Congreso que en próximos días tanto el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, como la cúpula militar y policial, sean citados para que se pronuncien respecto al proyecto de ley radicado la semana pasada y que plantea  crear una especie de servicio social alternativo para aquellos jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio. Ese servicio sería optativo y tendría una duración de 12 meses. Obviamente, se requiere la opinión del estamento castrense, porque los llamados soldados regulares y bachilleres son parte importante hoy de la Fuerza Pública.