El aumento de las tarifas de energía eléctrica, así como las de gas y del agua potable tendrán un impacto indudable en la inflación de noviembre y diciembre, lo que seguramente llevará a que el índice de costo de vida pueda acercarse al 6% al cierre del año.  Ni el Gobierno como tampoco el Banco de la República tenían en sus cuentas ese reajuste obligado en el costo de los servicios públicos, en gran parte por los efectos del fenómeno climático de El Niño, que es el que lleva a subir el costo de la energía por cuenta de una mayor demanda de generación de las termoeléctricas así como del gas que se utiliza para su operación. Al tiempo el precio del servicio del agua se incrementará  al imponer el Gobierno topes de consumo máximo para los hogares de todos los estratos.

Más tarifas, más inflación (II)

De esta forma es evidente que el rubro de servicios públicos tendrá un costo adicional en los últimos dos  meses de 2015 y los primeros de 2016, más aun teniendo en cuenta que el propio Gobierno y el Ideam  advierten que El Niño tendrá su pico máximo hacia enero y febrero y sus efectos sólo desparecerían alrededor de junio. Es decir, que las tarifas altas de servicios públicos van para largo.

¿Más tarifas, más salario?

Este reajuste tarifario que impactará necesariamente a la economía de los hogares, sobre todo los de clase media y baja, se convierte en un elemento adicional para la discusión que debe empezar en pocas semanas en la Mesa Tripartita de Concertación Salarial. Como se sabe, mientras que los empresarios no han querido adelantar una postura frente a lo que será su propuesta de aumento del sueldo básico para 2016, ya centros especializados de estudios económicos como el de ANIF han advertido que el incremento no debería ir mas allá de un 6% e incluso se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que el índice de productividad empresarial será negativo para el 2015. El Gobierno, a su turno, ha dicho que el reajuste salarial no debe ubicarse muy lejos de la inflación causada a diciembre, por lo que se especula que también se estaría apostando por un aumento no superior al  6%. De su parte, se sabe que las centrales obreras van a pedir de entrada un incremento del sueldo mínimo del 10%, con la esperanza de que puedan lograr al menos un 8%. Es seguro que uno de sus argumentos centrales será el impacto de reajuste tarifario y servicios públicos en la economía en los hogares de estrato uno, dos y tres.

Derrota en CAR

Si algo quedó claro en las últimas semanas es que el poder del Gobierno sobre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), es muy limitado, al punto no sólo de que una buena parte de éstas desconoció la recomendación de aplazar para después de elecciones la escogencia de sus directores, sino que los candidatos del Ejecutivo en esos procesos fueron derrotados en la mayoría de los casos, primando los aspirantes apoyados por los gobernadores y los alcaldes que, para nadie es un secreto, direccionan las designaciones hacia la política regional y local, pues estas entidades continúan siendo fortines democráticos de primera línea. Ante ello no pocos sectores  nacionales vuelven a preguntar que pasó con la promesa del Gobierno de reformar el régimen de las CAR.