El Gobierno buscará esta semana un acuerdo con la mayoría de las bancadas con el fin de acelerar el trámite de los proyectos de ley y acto legislativo para la implementación normativa del acuerdo de paz con las Farc. La idea es que se fije un cronograma alrededor de una decena de iniciativas que están para trámite bajo la modalidad de ‘fast track’. El Ejecutivo considera que aprobados ya temas como el Estatuto de la Oposición y el blindaje jurídico al acuerdo de paz por tres mandatos presidenciales, las iniciativas que vienen son marcadamente temáticas, lo que implica una menor discusión y controversia a su alrededor, lo que debería, entonces, llevar a que su discusión sea menos traumática que asuntos tan polémicos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En menos de dos meses y medio la aprobación de esa decena de iniciativas no sería problema, salvo que se atraviese la discusión de una serie de proyectos de trámite ordinario y varios debates de control político pendientes.

Las cuentas reales de la JEP

Y hablando de la JEP, un exmagistrado de la Corte Constitucional le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… no creo que el fallo del alto tribunal sea el que termine definiendo el sentido de permanencia de la jurisdicción, ya que todo dependerá de qué termine definiendo a Corte Penal Internacional al respecto”. De acuerdo con el jurista, si la JEP sólo estará lista a finales del año, los primeros fallos de esa jurisdicción se estarían dando hacia el segundo trimestre de 2018. Tras ello, lo más probable es que la CPI empiece a evaluar esas primeras sentencias y sus determinaciones al respecto se darían ya en el segundo del próximo año. “… En todo caso será un asunto que deberá enfrentar el próximo gobierno y que no será tan automático como los críticos de la JEP lo vienen pensando”, dijo el exmagistrado.

Noticia grande en materia de negocios

Si todo sale como se tiene pensado es muy posible que en próximos días se esté anunciando una movida empresarial de muy alto vuelo, que incluiría a uno de los consorcios más importantes del país y una multinacional de primer orden. Según se afirma en los altos círculos económicos, el Gobierno ya fue informado de la transacción y espera que se concrete y anuncie oficialmente, para ponerla como ejemplo de que en Colombia los grandes negocios se continúan dando, contrario al ambiente de pesimismo que se viene advirtiendo desde varios sectores nacionales. Igualmente, el Ejecutivo recaba información sobre los reportes de las más grandes empresas a las superintendencias y sus cortes de cuentas a sus respectivas asambleas de accionistas y propietarios. La idea es evidenciar que 2016 no fue tan crítico como se dice y que 2017 será el año del despegue productivo.

Peros a “Ser pilo, paga” en Congreso

La propuesta del Gobierno de que el programa de “Ser pilo, paga” se vuelva una ley, es decir que pase de ser una iniciativa temporal y de índole gubernamental a permanente y política de Estado, se puede estrellar en el Congreso con varios peros. Por ejemplo, según se lo dijo a EL NUEVO SIGLO un senador conservador, la Corte Constitucional ya advirtió en el pasado sobre la funcionalidad de los subsidios y el principio de equidad que debe primar en las ayudas estatales, cuando estas “constituyen una ventaja adicional para algunos y una desventaja para otros tratándose de derechos generales como la educación”. De otro lado, se sabe que en el Congreso hay voces que consideran que los postulados a este programa no tienen por qué ser limitados en cuanto a que no solo cumplan con los requisitos de excelencia académica, sino que además pertenezcan a estratos socio-económicos de bajos ingresos.