En la Alianza Verde se están empezando a diferenciar algunas posturas sobre la táctica política y electoral. Para algunos dirigentes, si bien es cierto que hay que fortalecer la campaña presidencial, más aun teniendo ya dos precandidatos en lisa (los senadores Claudia López y Antonio Navarro), otros advierten que la prioridad deben ser las listas al Senado y la Cámara, sobre todo porque perder una sola curul sería un retroceso muy grave para el cronograma de crecimiento a corto y mediano plazo de los verdes. Aunque a primera vista la respuesta obvia sería acompasar las campañas presidencial y de Congreso, lo cierto es que en la práctica y el día a día proselitista, e incluso en la distribución de las partidas presupuestales, sí hay una diferencia de fondo.

Diferencias entre disidentes y desertores

A propósito de las caletas de las Farc en que la Misión de la ONU ahora se enfocará para sustraer el armamento, los explosivos y demás pertrechos de guerra sobrantes, en fuentes de las Fuerzas Militares se insiste en que hay varios casos en que los disidentes y desertores de la guerrilla ya habrían saqueado estos escondites e incluso se habrían llevado no sólo parte del arsenal, sino hasta depósitos de droga y dinero. También se afirma en altos círculos de la Fuerza Pública que hay que diferenciar entre disidentes y desertores, pues los primeros son cabecillas y combatientes que se separaron del proceso de paz para seguir delinquiendo, y los segundos subversivos que simplemente quisieron pasar al anonimato pero no seguir en la guerra.

¿Demanda al Estado por brote de aftosa?

Una alta fuente del gremio ganadero le advirtió al Gobierno que es posible que algunas organizaciones de Arauca puedan demandar al Estado por las afectaciones que tendrán debido a las restricciones que se impusieron por el nuevo brote de fiebre aftosa que se detectó en la región en los últimos días. Se señala tanto al ICA como a las autoridades policiales de haber levantado controles en varias vías que conducen a la frontera venezolana, lo que habría, según denuncias de ganaderos araucanos, facilitado el tránsito de ganado en pie proveniente del vecino país, en donde los controles de sanidad animal y fitosanitarios prácticamente no existen, situación que es de todos conocida. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura y el ICA se indicó el martes pasado que no hubo ningún relajamiento en los controles fronterizos.

Demandarían restricción a la prensa (I)

Tras la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) en torno al incremento en las restricciones para el cubrimiento periodístico de audiencias públicas judiciales en el país, un reconocido grupo de abogados indicó que estudiaría la posibilidad de interponer una acción de tutela contra la juez y la fiscal del caso de Carlos Eduardo Correa, alto consejero para las regiones, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, sindicados de presuntos actos de corrupción administrativa. Los gremios periodísticos denunciaron que el pasado 17 de junio, un grupo de periodistas fue expulsado de la audiencia de imputación de cargos porque la jueza habría decidido hacer la audiencia a puerta cerrada luego de que el fiscal del caso lo solicitara, argumentando el “alto impacto social de la captura” de los funcionarios.

Demandarían restricción a la prensa (II)

Según uno de los abogados que estudia el caso “… el argumento es por demás insólito y estamos buscando cómo instrumentar una acción de tutela y otro mecanismo, incluso de rango disciplinario, para sentar un precedente al respecto, pues hay varios casos en donde también se acudió al mismo expediente para forzar el retiro de los periodistas… Como lo dijo Andiarios ese tema del ‘impacto social de la captura’ no tiene soporte alguno en las normas sobre restricciones a la publicidad y acceso del público y la prensa a las diligencias judiciales…”