La radicación, el viernes pasado, del proyecto de ley sobre Presupuesto General de la Nación para 2018 dejó varias noticias paralelas que quedaron en segundo plano ante la atención que se le prestó al monto de los 235,6 billones de pesos para gastos de funcionamiento, servicio de deuda e inversión. Por ejemplo, en los sindicatos se recibió con “poco optimismo” la proyección que se hace en la iniciativa sobre lo que sería el aumento salarial para el próximo año. La estimación del costo de personal para 2018 se efectúa con el supuesto de un aumento salarial equivalente al 5,1%, que es el supuesto de la inflación para 2017 más 1% adicional a la inflación”. No hay que olvidar que el incremento del sueldo básico para este año fue de 7%, partiendo de que a finales de diciembre de pensaba que la inflación proyectada estaría por encima del 5,5%. Al final, según lo reveló el DANE el 5 de enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 5,75%, lo que significa que el reajuste salarial estuvo 1,25% por encima de dicho porcentaje.
Reajuste sería inferior casi en 2%
Según un reconocido dirigente sindical, que habló a condición de mantener la reserva de su nombre, “… es insólito que el aumento salarial para el próximo año se esté planteando un apenas un 5,1%, sin tener en cuenta que este año comenzó a aplicarse el IVA del 19%, que encareció toda la canasta familiar básica y apretó el consumo de todos los hogares”. El Gobierno, por el contrario, considera que la inflación, después de varios años sobrepasando la meta tope fijada por el Banco de la República, ya está metida en cintura. Según el último informe del Dane, en junio el IPC fue 0,11%, 0,37 menor a la registrada el mismo mes del año pasado. Y, lo más importante, de julio de 2016 a junio de 2017 la inflación anualizada fue de 3,99%.
La congelación de la nómina
Para las instancias sindicales también resulta preocupante que el Ministerio de Hacienda advirtiera que dentro del apretón presupuestal nacional, si bien no habrá recortes ni despidos, se congelará la nómina. Esto implicará, según el ministro Mauricio Cárdenas, “que no se proveerán las vacantes que hoy existen ni se contratará personal nuevo en las entidades. Para efecto de los concursos únicamente se podrán proveer cargos nombrados anteriormente en provisionalidad. Ningún concurso podrá proveer vacantes que aumenten el costo de nómina. Cumpliremos estrictamente lo dispuesto en la Ley 617 de 2000. Que establece que el rubro total de gastos de personal no puede crecer por encima de la inflación”.
Se mantendría la provisionalidad
Según la fuente sindical consultada, “… estamos evaluando estos anuncios y más aún porque el propio Gobierno es el que ha venido diciendo a cuatro vientos que está luchando contra la informalidad laboral, y eso, precisamente, parte de la base de contratar de forma estable a los miles y miles de empleados públicos que se encuentran en provisionalidad… Además, la meritocracia no se puede volver caprichosa ni sujeta a las contingencias fiscales… El propio Ministerio de Trabajo había anunciado que se iba a regular lo relativo a los OPS (contratos de órdenes de prestación de servicios), pero ahora quiere perpetuar la provisionalidad en miles de cargos, ya que restringe los concursos para proveer la totalidad de esas vacantes”.
Ley de Garantías ‘empuja’ el apretón
Otro de los aspectos clave del proyecto de presupuesto para 2018 fue el cálculo que se está haciendo sobre el impacto de la Ley de Garantías Electorales en el gasto oficial. Como se sabe la norma, que empieza a aplicarse en noviembre, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias (11 de marzo de 2018), restringe la posibilidad de celebración de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos así como la adjudicación de contratos. Por eso mismo es que los recursos de inversión caen cerca de $5,5 billones, “…sobre todo por los efectos que esta (ley) tendrá en el primer semestre de 2018 sobre la contratación pública”.
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